Este lunes, en el marco del retorno a clases tras el receso invernal, el Gobierno de Jujuy mantuvo un encuentro con representantes de gremios estatales, incluyendo CEDEMS, UDA, ASDEA y AMET con el mismo tono y rigor de los encuentros previos.
Los sindicalistas llegaron al encuentro sin ocultar su fastidio luego de que la ministra de Educación, Miriam Serrano, minimizará la magnitud del paro y anticipara posibles descuentos «por día no trabajado», reconociendo la validez de la huelga pero instando al cese inmediato, hecho que no ha ocurrido.
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Detalles de la oferta
- Se propuso un aumento del 1,5 % sobre el salario básico, aplicable también al código 1390 y conceptos de título y estado docente, con igual incremento previsto para septiembre.
- El FONID aumentará un 10 % pasando de $50.000 a $55.000.
- Se incluirá un complemento extraordinario de ayuda escolar de $20.000 por alumno, en línea con lo ya anticipado por otros gremios estatales
La propuesta incluye también el reconocimiento del adicional “frente a alumno” para los preceptores, que hasta ahora no lo recibían y un incremento del mismo ítem para docentes de grado, que pasará a ubicarse en torno a los $25.000.
Para el régimen general que engloba a empleados provinciales y municipales, se plantea una escalada progresiva del salario mínimo, que alcanzaría $700.000 en septiembre. En el caso del escalafón docente, el piso inicial ascendería de forma paulatina hasta cerca de $780.000 en igual fecha monto que no deja conformes a los educadores por cubrir cerca de un 70% de una canasta básica.
La presentación ocurre en un escenario de fuerte tensión. Los principales gremios docentes —CEDEMS, ADEP, UDA, SADOP— junto con trabajadores nucleados en CTA Autónoma, iniciaron paros de 48 y 72 horas desde el lunes como rechazo a las condiciones salariales y al mecanismo de consultas informales.
Desde el Gobierno se advirtió que el paro de ADEP podría considerarse ilegal por la falta de representación formal del gremio tras elecciones pendientes y se notificó lo que podrían implicar sanciones económicas por adhesión a la huelga.
Los gremios denunciaron que el Ejecutivo primero publica circulares con montos (por ejemplo, $15.000) y luego convoca a una charla salarial, en una metodología que consideran contraria a la ley laboral provincial.
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