Este martes, el Gobierno nacional promulgó la Ley N° 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente, junto con la Ley N° 27.796, que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud.
Sin embargo, ambas normas quedaron suspendidas hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional. Una situación similar ya había ocurrido con la Ley de Emergencia en Discapacidad, hace apenas un mes.
La decisión fue oficializada mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, donde el Poder Ejecutivo argumentó que las medidas generan un impacto fiscal elevado que afectaría las cuentas del Estado.
Financiamiento universitario: actualización automática y costos millonarios
La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada pese al veto presidencial previo, busca garantizar la actualización automática de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas cada dos meses, según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
El decreto detalla que entre mayo y diciembre de 2024 la variación del IPC fue del 34,89 %, lo que implicaría un gasto adicional de $123.358 millones para el año en curso. Para 2025, el costo total estimado asciende a $1,06 billones, y para 2026, a $2 billones.
En el plano salarial, la ley dispone que los sueldos docentes y no docentes se ajusten en un porcentaje no inferior al IPC, lo que significaría un aumento del 40,25 % para equiparar la pérdida inflacionaria, además de incorporar sumas no remunerativas a los básicos. Esto supondría un gasto adicional de más de $178 mil millones en 2025 y casi $490 mil millones en 2026.
Emergencia pediátrica: hospitales y residencias en crisis
Por su parte, la Ley de Emergencia Pediátrica —que tiene como emblema al Hospital Garrahan— busca garantizar el acceso a la salud infantil, fortalecer hospitales públicos y recomponer salarios del personal médico. También prevé exenciones del impuesto a las ganancias para quienes realicen tareas críticas en hospitales públicos y privados.
El costo fiscal estimado para implementar esta norma asciende a $196.270 millones, cifra que supera ampliamente la capacidad presupuestaria del Ministerio de Salud, el cual presenta un déficit de $102.400 millones. Según el Ejecutivo, aplicar esta ley requeriría reasignar fondos equivalentes al 30 % de los subsidios para medicamentos y al 60 % del presupuesto de prevención del VIH-Sida.
El debate por el gasto público
Desde el Gobierno se argumenta que el Congreso no especificó la fuente de financiamiento, incumpliendo lo establecido por la Ley N° 24.156 de Administración Financiera. Por eso, su ejecución queda suspendida hasta la aprobación de un nuevo Presupuesto Nacional.
En sus fundamentos, el Poder Ejecutivo advirtió que impulsar medidas sin respaldo económico “pone en riesgo el equilibrio fiscal alcanzado con sacrificio” y podría provocar “un deterioro del sistema sanitario y universitario”.
No obstante, el Congreso rechazó los vetos presidenciales a ambas normas, reafirmando su postura en favor de la educación pública y la salud infantil.
De esta manera, las dos leyes más esperadas por el sector universitario y sanitario siguen sin aplicación efectiva, en medio de un debate cada vez más tenso entre el Gobierno y el Poder Legislativo por el control del gasto y las prioridades sociales.
Fuente: Infobae
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