En el marco de una reestructuración de las fuerzas federales, el Gobierno nacional avanza con una reforma profunda de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la cual será instrumentada mediante un decreto que se publicará en los próximos días, según confirmaron desde el Ejecutivo. La medida se alinea con los cambios ya implementados en la Policía Federal Argentina (PFA), que fue reconvertida en un cuerpo de investigaciones.
El proyecto contempla modificaciones en las leyes orgánicas de cada una de estas fuerzas (21.521, 19.349 y 18.398) con el objetivo de delimitar zonas y misiones exclusivas. Con esto, el Gobierno busca evitar superposiciones operativas, como suele suceder en los dispositivos de seguridad durante movilizaciones o protestas en el Congreso de la Nación.
Redefinen competencias de PSA, Prefectura y Gendarmería con un modelo inspirado en EE.UU.
Uno de los cambios más significativos será la transformación de la PSA en una “policía de transporte”, con competencias centradas en la seguridad de trenes, colectivos y aviones. De esta manera, se intentará que la Policía Federal no tenga que intervenir en aeropuertos. La intención oficial es mantener la capacidad investigativa de la fuerza y ampliar su dotación.
En el caso de la Prefectura Naval, su rol quedará circunscrito a la seguridad en mares, ríos, canales, costas y puertos bajo jurisdicción nacional. Por su parte, Gendarmería se ocupará de tareas vinculadas a la vigilancia de fronteras, la lucha contra el contrabando y las migraciones ilegales, además de intervenir en situaciones que desborden la capacidad de las policías locales o presenten características de guerrilla.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, impulsa esta reorganización en base a un modelo inspirado en los Estados Unidos, donde cada fuerza tiene una asignación clara y especializada. En la Casa Rosada comparan esta estructura con la Guardia Nacional, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y la Guardia Costera norteamericana.
Finalmente, el Gobierno apura la implementación del decreto antes del 8 de julio, fecha en la que vencen las facultades delegadas que permiten al Ejecutivo eliminar, transformar o fusionar organismos del Estado sin pasar por el Congreso.
Fuente: TN
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