El Gobierno nacional publicó este lunes la reglamentación del Régimen Penal Juvenil establecido por la Ley 27.801, que alcanza a adolescentes desde los 14 años y hasta antes de cumplir los 18 cuando sean imputados por un delito. El esquema quedó bajo la coordinación del Ministerio de Justicia y comenzó a regir junto con la nueva normativa.
La reglamentación, formalizada mediante el Decreto 875/2026, define cómo se implementarán distintos aspectos del régimen, entre ellos el seguimiento de los adolescentes, la asistencia a víctimas, la coordinación con las provincias y el registro de las condenas firmes.
Qué medidas podrán aplicarse
La nueva ley no establece que todos los adolescentes involucrados en un delito deban ir a prisión. Entre las respuestas judiciales previstas se encuentran amonestaciones, restricciones de circulación o contacto, servicios a la comunidad, monitoreo electrónico, reparación del daño y penas privativas de la libertad.
En los casos en los que corresponda prisión, no podrán aplicarse penas de reclusión o prisión perpetua y el máximo será de 15 años. La finalidad del régimen apunta a promover la responsabilidad por los actos cometidos, además de la educación, resocialización e integración social.
Supervisores especializados para el seguimiento
Una de las principales novedades es la incorporación de la figura del supervisor especializado, que tendrá a su cargo el acompañamiento y control del adolescente cuando así lo disponga un juez. Entre sus funciones estarán mantener entrevistas periódicas y elaborar informes sobre la evolución educativa, formativa y personal.
Para los casos de competencia nacional y federal se creará un registro específico dentro del Ministerio de Justicia. Los profesionales deberán contar con formación en áreas como psicología, trabajo social, educación o pedagogía infantojuvenil, además de experiencia profesional y capacitación en justicia penal juvenil.
La reglamentación también contempla asistencia interdisciplinaria para las víctimas, mediante equipos de psicólogos y trabajadores sociales, junto con mecanismos destinados a garantizar patrocinio jurídico gratuito.
Registro reservado y coordinación con las provincias
Cuando exista una sentencia firme, el juez deberá comunicarla al Registro Nacional de Reincidencia, que contará con una sección especial para los adolescentes comprendidos por la nueva ley. La información tendrá carácter reservado y solo podrá ser consultada por personas autorizadas.
Además, se creará un Comité Interministerial y una Mesa Federal para articular políticas con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Cada jurisdicción podrá definir su propio sistema de supervisores y procedimientos, aunque deberá respetar los lineamientos generales del régimen nacional.
Fuente: TN
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