La cámara de diputados de Jujuy dio un paso clave este miércoles con el ingreso formal del proyecto de Presupuesto Provincial para 2026, Ley de Leyes y un documento fundamental para definir los próximos doce meses de gestión. El cálculo enviado por el Ejecutivo prevé un monto de $ 2,5 billones y su ingreso marca el inicio de una agenda legislativa que este año trabajaba a ritmo cansino por el calendario electoral.
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El proyecto fue remitido desde el Ministerio de Hacienda y automáticamente se convirtió en prioridad. Según los legisladores, seguirá el procedimiento habitual: será girado a la Comisión de Finanzas, donde también podrán intervenir comisiones vinculadas —como Salud, Educación u Obras Públicas—, antes de su debate en el recinto.
Esta 11ma sesión ordinaria se desarrolla prácticamente al final del periodo legislativo. Durante los últimos veinte días las sesiones quedaron relegadas a reuniones de comisión y al tratamiento de temas puntuales. La reanudación con la entrada del presupuesto representa, para muchos, el cierre del período legislativo y el primer paso para definir el próximo ciclo de gestión.
¿Qué contempla el presupuesto y qué críticas genera?
De acuerdo con la información oficial, gran parte del total estimado —los $ 2,5 billones— se destinará al pago de sueldos y haberes de empleados estatales, aunque también hay previsiones para salud, educación, seguridad, obras públicas y servicios esenciales.
El dato cobra relevancia en un contexto todavía inflacionario, en el que los presupuestos necesitan ajustarse a las demandas sociales y económicas de la población, al tiempo que se redujeron (y no se avizora mejora) en los envíos de fondos nacionales ya sea por coparticipación o giros no automáticos.
Desde bloques opositores como el Frente de Izquierda, se objetó la falta de tiempo necesarios para un estudio y tratamiento profundo del proyecto, afirmando que obedece “a una estrategia oficial para facilitar su sanción sin contemplar necesidades económicas de la clase trabajadora”.
El Ejecutivo envió los pliegos en búsqueda de los próximos jueces de la Corte
Ekel Meyer, Federico Otaola, Martín Llamas, María Eugenia Nieva y Mariano Miranda aguardan desde ya hace un tiempo prudencial, por no decir excesivo, por la llegada de nuevos magistrados que completen la formación de 9 jueces, vigente desde 2015 cuando se expandió la corte.
Todo hace parecer que las vocalías vacantes que correspondían a María Laura Bernal y Laura Lamas quienes dirimieron del cargo y a los fallecidos José Manuel del Campo y Sergio Jenefes, finalmente serían ocupadas por nuevos candidatos. De entre los nombres propuestos resalta la figura de Lisandro Aguiar, quien ostenta desde hace años la presidencia del Concejo Deliberante capitalino.
Además del hombre de confianza del intendente, se ha mencionado a Eduardo Uriondo Tuchón, Irma Mercedes Arias y Gonzalo César de la Colina. Este último asumió funciones como procurador general adjunto en el Ministerio Público de la Acusación el pasado octubre tras la controversial salida de Sergio Lello Sánchez y su antecesor Ignacio Pasquini.
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