En su penúltima sesión extraordinaria, el Senado aprobó modificaciones a la Ley de Glaciares por 40 votos a favor y 31 en contra, con una abstención de la neuquina Julieta Corroza. La definición final del proyecto quedó ahora en manos de la Cámara de Diputados. La iniciativa generó fuertes divisiones internas en varios bloques, con excepción de La Libertad Avanza, conducido en la Cámara alta por Patricia Bullrich.
Acompañaron el proyecto legisladores del interbloque cristinista como Lucía Corpacci y Sergio Uñac, así como los recientemente escindidos del kirchnerismo Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Sandra Mendoza. En cambio, desde sectores opositores cuestionaron el alcance de los cambios y advirtieron sobre posibles conflictos constitucionales y ambientales.
El punto más polémico: autoridad provincial sobre glaciares
Uno de los artículos más discutidos fue el séptimo, que habilita a cada provincia a determinar la autoridad de aplicación —excepto en áreas protegidas por la ley 22.351 de Parques Nacionales— para identificar, con base en criterios técnico-científicos, los glaciares y ambientes periglaciales que cumplan funciones hídricas estratégicas.
El oficialismo defendió la medida bajo el argumento de respetar el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales y de “armonizar la normativa con la Constitución y la Corte Suprema”. El fueguino Agustín Coto sostuvo que “se preservan las reservas hídricas permanentes” y que el texto no apunta a retirar áreas protegidas, sino también a incorporar nuevos espacios al inventario del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales.
Sin embargo, el pampeano Pablo Bensusán cuestionó las modificaciones introducidas a último momento y alertó que la norma fragmentaría los criterios de conservación. “Hay 12 provincias en el sistema y habrá 12 criterios diferentes. Hasta ahora es sistémico”, advirtió, al considerar que la propuesta es “anticientífica” e “irresponsable”.
Ambiente, federalismo y desarrollo en el centro del debate
Desde el oficialismo, el sanjuanino Bruno Olivera Lucero negó que exista una contradicción entre producción y ambiente. “El agua y la minería no son enemigos”, afirmó, y sostuvo que la ley actual presenta ambigüedades jurídicas que paralizan inversiones. En la misma línea, la salteña Flavia Royón aseguró que la norma “no habla de ninguna flexibilización” y remarcó que el cuidado ambiental y del agua “está por sobre todos los intereses”.
Entre los votos en contra se destacó el radical Maximiliano Abad, quien consideró que el proyecto debilita al IANIGLA y altera la jerarquía normativa ambiental, lo que podría derivar en planteos de inconstitucionalidad. También la mendocina Anabel Fernández Sagasti advirtió que habilitar intervenciones sobre glaciares podría generar daños irreversibles, al tratarse de reservas que tardan siglos en regenerarse.
El cierre estuvo a cargo de Bullrich, quien planteó que la Argentina no debe seguir atrapada en una “lógica retrógrada entre ambiente y economía”. Con el proyecto ya aprobado en el Senado, la discusión continuará en Diputados, donde se anticipa un nuevo capítulo de un debate que enfrenta federalismo, desarrollo productivo y protección ambiental.
Fuente: Infobae
-
-
-
-
-
-
-
Deja una respuesta