La medida por cuatro meses se hizo efectiva para Adrián Ochoa, el único imputado por el femicidio de Angelina González, la adolescente de 15 años asesinada el pasado sábado 3 de mayo en la localidad de Pampa Blanca. La medida fue dispuesta por la jueza de Control, Natalia Segovia, a pedido del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que avanza en la recolección de pruebas para elevar la causa a juicio.
El fiscal Luis De Aparici, de la Unidad Fiscal de Investigación Penal Preparatoria de Perico y El Carmen, y la fiscal especializada en Violencia de Género, Romina Núñez, brindaron detalles del caso en una conferencia de prensa. “Hemos proseguido a la acción penal por el delito de femicidio a esta persona que hoy se encuentra con prisión preventiva. El femicidio es lo que está caratulado en el Código Penal como el «Homicidio doblemente agravado por haber mantenido una relación de pareja y por haber mediado violencia de género”, explicó Núñez.
Según la autopsia realizada en la morgue judicial de Alto Comedero, Angelina murió por “anoxia anóxica por compresión cervical”, es decir, estrangulamiento manual. La data de muerte coincide con la tarde del sábado 3 de mayo, día en que la joven fue vista por última vez tras salir de su casa luego de recibir un mensaje en su celular.
El cuerpo de la adolescente fue hallado el lunes 5 de mayo a orillas del río Las Pavas, en una zona rural cercana al límite con Salta. El hallazgo se produjo luego de que Ochoa, de 25 años, confesara a los policías que lo custodiaban en el hospital Arturo Zabala de Perico, donde estaba internado tras ingerir veneno. Tras recibir el alta médica, fue trasladado al Penal de Gorriti, donde permanece detenido.
La fiscal Núñez indicó que, aunque no existen denuncias previas por violencia de género, la investigación determinó que existía un vínculo entre la víctima y el acusado. “Podemos manifestar que se recolectaron testimoniales, información de los teléfonos y también declaraciones de los contactos de la joven”, señaló. La Fiscalía tiene un plazo de cuatro meses para presentar las pruebas y avanzar hacia el juicio oral.
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