El presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy, Ramiro Tizón, informó que el cuerpo que preside participó activamente desde el inicio en la elaboración del proyecto de ley para la creación del Consejo de la Magistratura, que reemplazará al actual Tribunal Evaluador.
En atención a su rol como miembro del —hasta ahora— tribunal evaluador, detalló como han venido plasmando su participación «como integrantes de ese tribunal particpamos del anteproyecto que después se convirtió en el proyecto. Fue casi el mismo que el del Ejecutivo, así que lo conocíamos y hemos reafirmado nuestros puntos de vista y la validez en su totalidad de ese convenio.”
En sus declaraciones, Tizón resumió las funciones principales del nuevo organismo, destacando su doble rol como seleccionador de postulantes para jueces, fiscales y defensores, mientras que controla a los mismos y en caso de ser necesario sanciona o establece las bases para el jury de enjuiciamiento. Sin olvidar que dentro del Consejo funcionará la escuela de capacitación, que enriquecerá la formación de quienes integren el sistema judicial. Sobre su integración, explicó que el nuevo Consejo estará conformado por 11 miembros, distribuidos de la siguiente forma:
Dos por el Ejecutivo, dos por el Poder Judicial, dos por el Colegio de Magistrados, dos por el Colegio de Abogados y tres por el Poder Legislativo. Cada poder elegirá a sus representantes, y en el caso de colegios, mediante elecciones directas
Contexto legislativo y avances en la Justicia jujeña
El proyecto fue trabajado por una Comisión Redactora encabezada por la Suprema Corte de Justicia y entregado en abril al Poder Ejecutivo, con envío formal a la Legislatura en junio. El secretario de Justicia, Javier Gronda, enfatizó que la iniciativa tiene como objetivo fortalecer la independencia judicial a través de criterios de mérito, transparencia y eficacia.
En julio, la Legislatura ingresó el proyecto a tratamiento formal durante una sesión ordinaria, lo que permitió que comenzara su análisis en comisiones como Asuntos Institucionales y Legislación General, en las que el Colegio de Abogados ya había sido consultado.
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