Un archivo de Excel con decenas de irregularidades en el proceso productivo del laboratorio Ramallo podría ser fundamental para establecer responsabilidades penales en la causa por el fentanilo contaminado que causó múltiples intoxicaciones en todo el país. El juez federal Ernesto Kreplak aguarda una pericia técnica clave y profundiza la investigación sobre la estructura societaria del grupo familiar que dirige la farmacéutica.
Más de 100 advertencias de la ANMAT
Según confirmaron fuentes judiciales, la ANMAT había emitido más de 100 expedientes con observaciones sobre la calidad de producción del laboratorio Ramallo, donde se fabricaron los lotes contaminados. Las fallas no se limitaban al fentanilo, sino que también afectaban a otros productos del mismo establecimiento.
El hallazgo fue posible luego de que el juez exigiera toda la documentación vinculada a la firma. Tras dos entregas parciales, el juzgado descubrió que no se había incluido un archivo de Excel con irregularidades adicionales, por lo que se ejecutó una orden de presentación con allanamiento en subsidio.
Una cadena de responsabilidades
El archivo en cuestión podría comprometer penalmente a Ariel Fernando García, titular del laboratorio Ramallo y del grupo HLB Pharma, responsable de la distribución del fentanilo contaminado. La Justicia intenta determinar si los dueños conocían las fallas y omitieron corregirlas, lo que abriría la puerta a imputaciones penales por omisión o negligencia.
Red familiar bajo la lupa y posible imputación
En paralelo al análisis del “Batch Record” —una especie de historial clínico del medicamento que será peritado por el Instituto Malbrán—, el juez Kreplak ordenó la inhibición de bienes del empresario Ariel García, sus hermanos Damián Roberto y Diego, y su madre, Nilda Furfaro. También quedó alcanzada Olga Luisa Arena, abuela de 90 años y expresidenta de HLB Pharma Group.
Según el magistrado, el grupo operaba a través de una estructura empresarial compleja que podría haber sido diseñada para ocultar maniobras ilícitas. La medida apunta a evitar fugas de capital o entorpecimiento del proceso judicial.
Aunque la causa todavía no tiene imputaciones formales, el volumen de pruebas acumuladas sugiere que el juez avanzará en breve en ese sentido. En un documento reciente, Kreplak advirtió que “las características del suceso, el tenor de los hechos investigados y el entramado societario existente conducen al dictado de medidas urgentes y profundas”.
Fuente: TN
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