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Jujuy declaró emergencia hídrica por un año

La Legislatura de Jujuy aprobó este miércoles la Ley 6.454, que declara el estado de emergencia hídrica en toda la provincia desde el 10 de marzo de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026 “o hasta tanto subsistan las causas excepcionales que le dan origen”. La medida permitirá reasignar fondos para atender la crisis derivada de la falta de infraestructura y el impacto de las lluvias.

Luego de la sesión, en la que también se trataron más de 300 proyectos, el Diputado Provincial Gastón Remy se pronunció sobre la situación. “Nos parece realmente que hay que atender a esa situación, aclaramos que si bien hay cambio climático no se le puede echar la culpa a la lluvia cuando se caen los puentes, se lleva la defensa de los ríos o se inundan los barrios sino que hay un proceso de desfinanciamiento”, señaló.

El legislador cuestionó la gestión de recursos y el estado de la maquinaria pública. “No nos parece que esto se agote sin saber qué pasó con tantas máquinas que se habían comprado en la gestión anterior de Gerardo Morales, que se habían expuesto acá en la 19 de Abril. Eran más de 90 máquinas y ahora parece ser que no hay ninguna funcionando”, sostuvo.

Además, Remy advirtió sobre los posibles efectos de la nueva normativa. “los que aprobaron esto tienen que hacerse cargo de qué va a hacer el gobernador, porque supuestamente ahora tiene manos libres para acordar cambio de partidas que no estaban previstas para lo que es maquinaria, obra pública y sobre todo el alquiler”, afirmó.

De esta manera, la aprobación de esta ley habilita a la Dirección Provincial de Recursos Hídricos (DPRH), Agua Potable S.E. y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), dependientes del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), a contratar maquinaria vial de manera directa. Con el objetivo de apresurar el accionar frente a las emergencias, los problemas derivados de las lluvias y sus efectos en la infraestructura de la provincia. Sin embargo, algunos sectores reclaman una mayor transparencia sobre el uso y la gestión de los fondos públicos.

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