La Cámara Federal porteña confirmó este martes el juicio en ausencia contra los iraníes y libaneses acusados por el atentado del 18 de julio de 1994 a la AMIA. Con esta decisión, quedó ratificado lo dispuesto previamente por el juez Daniel Rafecas, lo que allana el camino para que la Fiscalía avance hacia la etapa de debate oral y público.
La resolución fue adoptada por la Sala I, integrada por los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens, quienes validaron la Ley 27.784, sancionada por el Congreso de la Nación, que incorporó esta modalidad procesal en casos de delitos graves.
Objeciones de las defensas y querellas
La defensa oficial de los imputados había apelado la medida alegando que la ley es inconstitucional, al considerar que vulnera el principio de legalidad y el derecho de defensa. También algunas querellas mostraron reparos, al advertir que se intentaría avanzar con una acusación “carente de sustento probatorio”, lo que podría garantizar la impunidad.
Sin embargo, la Cámara Federal aclaró que la normativa “no es ad hoc” para el caso AMIA, sino que tiene carácter general y abstracto, aplicable a violaciones graves de derechos humanos y crímenes organizados.
Los acusados y las pruebas
Son diez los acusados que enfrentarán el juicio en ausencia: Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar. Sobre ellos pesan alertas rojas de Interpol y pedidos de captura internacional desde 2006, dictados tras la acusación del fiscal Alberto Nisman.
La investigación de la UFI AMIA, actualmente a cargo del fiscal Sebastián Basso, determinó que el ataque fue decidido por las máximas autoridades de Irán y ejecutado por la organización Hezbollah. En más de dos décadas se libraron 17 exhortos diplomáticos, con solo una respuesta de Irán, que rechazó colaborar con la Justicia argentina.
Fundamentos del fallo
El juez Mariano Llorens señaló que el juicio en ausencia busca “evitar la impunidad y garantizar que delitos de inusitada gravedad, como el atentado a la AMIA, no queden sin reproche”. Recordó también la necesidad de reparación hacia los familiares de las 85 víctimas fatales y los más de 150 heridos.
Por su parte, Martín Irurzun destacó que se trata de una herramienta excepcional, reservada para los crímenes más graves del derecho internacional, y que responde a los compromisos asumidos por la Argentina en materia de justicia y derechos humanos.
Fuente: Infobae
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