El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, procesó a la tesorera de Sur Finanzas y a dos custodios de la firma por el delito de encubrimiento agravado, tras ser sorprendidos retirando computadoras y documentación de un galpón ubicado en la localidad bonaerense de Turdera. Además, el magistrado les concedió el beneficio de la prisión domiciliaria mientras avanza la investigación.
La medida judicial alcanzó a Micaela Sánchez, tesorera de la financiera vinculada al entorno del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a Sergio Da Silveira y Juan Cervín, quienes se desempeñaban como custodios. Los tres fueron detenidos días atrás cuando trasladaban equipos informáticos que, según la causa, iban a ser borrados para ocultar información clave para el expediente.
El operativo en el galpón de Turdera
El episodio ocurrió en un depósito ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 11.800, donde la Justicia había dispuesto una consigna policial ante movimientos sospechosos. Allí, efectivos observaron la salida de una camioneta Toyota 4×4 conducida por Sánchez y escoltada por los dos custodios. Tras un breve seguimiento y su posterior regreso al lugar, los tres quedaron demorados. Durante el procedimiento, la policía secuestró seis teléfonos celulares, abundante documentación, expedientes y el CPU de una computadora, además de hallar computadoras, cajas fuertes tipo bóveda, cajeros automáticos y numerosos papeles vinculados a la operatoria de Sur Finanzas.
Una causa por presunto lavado de dinero
A partir de estos elementos, el juez Armella avanzó con el procesamiento al considerar que los imputados intentaron ocultar pruebas en una causa más amplia que investiga a Sur Finanzas por presunto lavado de dinero. La investigación busca determinar si la financiera, propiedad de Ariel Vallejo, empresario cercano a Tapia, funcionó como un mecanismo para blanquear fondos mediante préstamos inflados a clubes de fútbol con dificultades económicas.
En su declaración, Sánchez reconoció que fue enviada a vaciar computadoras y retirar documentación, aunque evitó precisar quién dio la orden. Tras su detención, la policía allanó su domicilio, donde incautó computadoras, material de interés para la causa y las llaves de las cajas fuertes del galpón. En paralelo, la Justicia ordenó el análisis de los celulares y documentos secuestrados, con intervención de la fiscal federal Cecilia Incardona, la PROCELAC y la Policía Federal. Hasta el momento, la causa ya incluyó seis allanamientos, el secuestro de más de 50 teléfonos celulares y contratos que involucran a clubes, la AFA y la Liga Profesional de Fútbol.
Fuente: TN
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