El sistema judicial jujeño se prepara para afrontar una segunda mitad de año con fuertes reformas estructurales y tecnológicas. El titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Alejandro Atilio Bossatti, adelantó en dialogo con los medios que en los próximos días «se pondrá en marcha la Fiscalía de Intervención Temprana», un proyecto diseñado para dotar de mayor eficacia al trabajo de los fiscales y acelerar los tiempos en la tramitación de los expedientes.
Para lograr este dinamismo, resulta imperioso cubrir los cargos vacantes dentro del organismo. El Procurador General remarcó la importancia de que el Consejo de la Magistratura entre en pleno funcionamiento, ya que se presenta como la herramienta institucional adecuada para regularizar las designaciones y ejercer el debido control sobre los órganos de justicia (algo que los pasillos de tribunales suelen reclamar en voz baja ante los constantes cuellos de botella).
El objetivo es la mejora no solo de las condiciones laborales, sino de la resolución de los conflictos penales
Tecnología para resguardar la identidad
Uno de los puntos altos de la gestión viene siendo la consolidación de las denuncias anónimas. Este mecanismo probó ser fundamental para que los ciudadanos se animen a reportar delitos de gravedad sin el temor a sufrir represalias en sus barrios. «Lo primero que hacemos es cuidar al denunciante», aseguró Bossatti, detallando que la preservación de la identidad es el pilar indiscutido que sostiene esta herramienta.
Con el afán de acercar la justicia a la comunidad, se avanzó durante los últimos meses en la colocación de códigos QR para facilitar los reportes desde dispositivos móviles. Actualmente, el organismo mantiene diálogos fluidos con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy para expandir este sistema a todo el transporte urbano de pasajeros, iniciativa que luego buscará replicarse en las unidades de media y larga distancia bajo la órbita de la provincia.
El calendario judicial tiene una fecha clave marcada en rojo en el horizonte cercano. El 5 de septiembre entrará en vigencia el nuevo régimen penal juvenil, cuya correcta aplicación demanda un esfuerzo institucional conjunto que ya aglutina al Poder Judicial, el Ministerio Público de la Defensa y el Poder Ejecutivo.
Frente a este escenario de profundo cambio normativo, las autoridades confirmaron que se llevarán a cabo instancias de capacitación integral dirigidas a todos los actores involucrados. La intención es aceitar los engranajes y evitar fisuras en la atención de una problemática que requiere extrema sensibilidad y respuestas rápidas por parte del Estado.













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