La Justicia imputó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Fabián “Chiqui” Tapia, en el marco de una investigación penal que analiza la presunta retención indebida de aportes previsionales y contribuciones a la seguridad social vinculadas al funcionamiento de la entidad rectora del fútbol argentino.
La medida fue impulsada por el fiscal en lo Penal Económico Claudio Roberto Navas Rial, quien presentó el requerimiento de instrucción ante el juez Diego Amarante, dando inicio formal a la causa.
Una deuda millonaria bajo la lupa
Según la denuncia, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) atribuye a la AFA una deuda superior a los 19.000 millones de pesos, correspondiente a los últimos dos años. La acusación sostiene que la entidad habría retenido tributos y aportes a la seguridad social de empleados propios y de clubes afiliados, sin ingresarlos dentro del plazo legal previsto por el Régimen Penal Tributario.
En su dictamen, el fiscal consideró que Tapia debe responder por su rol institucional y por la administración de la clave fiscal de la asociación. Además, señaló que, dada la magnitud económica de la AFA y los montos investigados, la pesquisa debería extenderse a otros integrantes de la comisión directiva, al entender que habrían intervenido en la gestión y disposición de los fondos.
El origen de la denuncia y el encuadre legal
La causa se inició a partir de una presentación de Vanina Vidal, jefa interina de la Sección Penal de la División Jurídica de la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes de ARCA. En la denuncia se consignó que la AFA, con sede en Viamonte 1366 de la Ciudad de Buenos Aires, habría retenido $19.353.545.843,85 en concepto de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones previsionales, sin depositarlos dentro del plazo legal de treinta días corridos, entre marzo de 2024 y septiembre de este año.
ARCA encuadró los hechos bajo los artículos 4° y 7° de la Ley N° 27.430, que regula el Régimen Penal Tributario. Estas normas tipifican delitos vinculados a la obtención fraudulenta de beneficios fiscales y a la evasión de aportes al sistema de la seguridad social, con penas que van de uno a seis años de prisión.
Fuente: Infobae
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