La paralización total de las obras de repavimentación y ensanche sobre la Ruta Nacional 34 encendió las alarmas institucionales en San Pedro de Jujuy. Ante el retiro repentino de la empresa constructora y el bloqueo del acceso principal a la ciudad, el Concejo Deliberante local aprobó por unanimidad una ordenanza que declara la emergencia vial en la zona y exige la urgente intervención de legisladores y autoridades del Gobierno nacional para destrabar los fondos.
El conflicto sobre el terreno se evidenció de forma abrupta hace aproximadamente dos semanas, cuando la firma Chediack retiró sus maquinarias y al personal del tramo comprendido entre El Cuarteadero y la rotonda del barrio Providencia. El abandono de la traza, originado por el corte en la cadena de pagos de la obra pública nacional, dejó un escenario de zanjas abiertas, desvíos improvisados y sectores sin iluminación.
El concejal sanpedreño Juan Baigorria precisó que el cese de los trabajos «mantiene clausurado uno de los ingresos estratégicos a la ciudad, provocando la saturación inmediata de los accesos alternativos». Además de las complicaciones logísticas y la merma económica sufrida por los comerciantes frentistas debido a la falta de circulación, la infraestructura inconclusa derivó en una seguidilla de accidentes de tránsito que involucraron a motocicletas y automóviles.
Sin embargo, el impacto más preocupante recae directamente sobre la capacidad de respuesta del sistema de salud. Desde el cuerpo legislativo advirtieron que, a raíz del corte y el estado del camino, las ambulancias llegan a demorar hasta 20 minutos para lograr salir de la ciudad, un lapso que pone en riesgo la vida de los pacientes ante urgencias médicas. En este contexto, los ediles impulsaron un pedido de informes para evaluar la operatividad del SAME en el departamento, frente a trascendidos que indican que la ciudad, con más de 90 mil habitantes, contaría actualmente con apenas dos unidades móviles operativas.
Un escenario de crisis anticipado
La situación que hoy afecta al Ramal jujeño se inscribe en un panorama provincial más amplio que ya venía sumando voces de alerta. Tal como se expuso previamente en JujuyViral, el secretario general de la UOCRA, Ramón Neyra, había advertido de manera categórica sobre el impacto de la motosierra nacional en la obra pública, subrayando no solo el deterioro de la infraestructura, sino la pérdida masiva de puestos de trabajo formales en el sector de la construcción.
En sintonía con esta problemática, el gobernador Carlos Sadir mantiene un reclamo sostenido ante la Casa Rosada para reactivar los proyectos estratégicos paralizados en la provincia. La postura del Ejecutivo jujeño apunta a que Nación garantice el flujo de fondos o habilite los mecanismos legales para transferir la ejecución de los trabajos a la órbita provincial, una ingeniería similar a la que se busca aplicar para destrabar las obras viales en el acceso a Alto Comedero sobre la Ruta 9. Mientras se aguardan respuestas desde Buenos Aires, San Pedro enfrenta las consecuencias diarias de una ruta a medio terminar.
-
-
-
-
-
-
-
