La seguridad vial en Jujuy atraviesa un momento complejo. Si bien las estadísticas nacionales muestran una tendencia a la baja en las muertes por siniestros viales en los últimos años, la provincia mantiene cifras alarmantes en cuanto a la cantidad de incidentes, y el reciente cierre de Vialidad Nacional por parte del gobierno nacional plantea nuevas interrogantes sobre el futuro de la infraestructura y la prevención en los corredores viales del norte argentino.
De acuerdo con datos recientes publicados por medios locales, hasta inicios de julio de este año se registraron más de 2.000 siniestros viales en Jujuy, cifra que preocupa tanto a las autoridades como a la comunidad. Esta estadística, que incluye colisiones menores y hechos graves, refleja la persistencia de un problema estructural en rutas y centros urbanos de la provincia.
En ese contexto, desde el Ministerio de Seguridad provincial se han desplegado múltiples operativos de control, incluyendo tests de alcoholemia, verificación técnica vehicular y patrullajes en zonas críticas como la Cuesta de Bárcena, Ruta Nacional 9-66-34 y Ruta Provincial 1, donde se registran altos índices de accidentes, por citar algunos ejemplos.
Pero lamentablemente la siniestralidad incluyendo episodios fatales, lejos de cesar, se mantienen en un promedio altísimo, con cerca de 60 siniestros viales en los reportes policiales que abarcan jueves a domingo.
Tendencia nacional a la baja, pero con señales de alerta
Según un análisis de Chequeado, entre 2008 y 2024 las muertes por siniestros viales en Argentina se redujeron un 28%, lo que demuestra un impacto positivo de las políticas de concientización, control y mejora de infraestructura implementadas durante ese período, muchas de ellas coordinadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
No obstante, el cierre de Vialidad Nacional —un organismo con más de 90 años de historia— impulsado por el gobierno de Javier Milei en el marco de su plan de «reorganización del Estado», ha generado fuertes críticas en diversos sectores, tanto gremiales como técnicos.
En Jujuy, 126 trabajadores quedaron afectados, y la delegación local tambalea incómoda sin una estructura alternativa concreta, lo que ha encendido las alarmas sobre el mantenimiento de rutas, señalización y obras viales en zonas claves como la Quebrada de Humahuaca, la Puna y el Paso de Jama, corredor estratégico en el comercio bioceánico.
El debate que se abre es cómo sostener una política de seguridad vial eficaz en una provincia con una orografía compleja, altas tasas de tránsito interprovincial e internacional y numerosos trayectos de riesgo. Especialistas locales han señalado que la desarticulación de Vialidad Nacional podría afectar la planificación a largo plazo de nuevas rutas, ampliaciones y obras de mantenimiento necesarias para garantizar condiciones seguras de circulación.
A su vez, desde organizaciones de la sociedad civil, como Luchemos por la Vida, se insiste en la necesidad de profundizar la educación vial desde edades tempranas y fortalecer los controles efectivos, tanto en zonas urbanas como en tramos rurales, donde muchas veces se carece de presencia estatal.
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