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Cómo funcionará el nuevo régimen en Jujuy y qué conductas escolares pasarán a investigarse como delitos

La provincia ya orbita bajo una realidad jurídica inédita tras la entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil el pasado 5 de septiembre, marcando un quiebre absoluto frente a la delictividad adolescente y los vacíos normativos históricos (aunque a gran parte de la población le parezca una solución de forma y no de fondo). Con una bajada en la edad de imputabilidad que pone el foco en los 14 años, desde nuestro Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó que las causas se tramitarán de manera directa hacia adelante, dejando atrás la incertidumbre judicial que frena otras regiones del país como la provincia de Buenos Aires, donde una jueza suspendió la aplicación de la nueva normativa.

Aunque hasta el momento no se había tomado dimensión de su alcance, el impacto sacude de lleno la cotidianeidad de las aulas y los barrios por igual. Prácticas normalizadas como peleas a golpes de puño, amenazas entre compañeros o la viralización de imágenes digitales falsas de estudiantes ya no se archivan como simples faltas disciplinarias o gajes del bullying escolar: configuran delitos tipificados en el Código Penal —lesiones, coacciones o delitos informáticos— y derivarán en antecedentes penales efectivos si el autor cuenta con la edad requerida, según explicó el Procurador General, Alejandro Bossatti.

Todas estas circunstancias que por ahí se dan en la cotidianidad, en el trato que tienen que tienen entre los jóvenes, bueno, a partir de del 5 de septiembre, si uno comete o tiene estas conductas teniendo 14 años, puede, sin duda, que va a entrar en conflicto con la Ley penal

Frente a los mitos instalados sobre la responsabilidad de los tutores, desde el organismo judicial aclararon que el peso de la ley recae plenamente sobre el menor, mientras que las redes de narcomenudeo que utilizaban a adolescentes como eslabones descartables verán cómo los jóvenes de la franja alcanzada responden directamente por los ilícitos, mutando su rol de presuntas víctimas a imputados (aunque la vulnerabilidad social siga siendo un trasfondo tan complejo como postergado).

Para los casos de menor gravedad, la estrategia priorizará la justicia restaurativa mediante equipos interdisciplinarios, buscando que el adolescente internalice el daño y pida disculpas formales ante una víctima que adquiere un rol activo e indispensable en el proceso. En paralelo, para desarticular la burocracia que históricamente ahogó las denuncias, el organismo habilitó un sistema digital de reportes mediante códigos QR que permite iniciar investigaciones inmediatas con solo escanear el teléfono, complementado con un despliegue de charlas pedagógicas en colegios de toda la provincia para frenar el conflicto antes de que toque la puerta de los tribunales.

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