El acelerado crecimiento del Gran Jujuy convirtió el tránsito del acceso sur en un verdadero cuello de botella diario. Para dar respuesta a este reclamo histórico, la provincia ingresó en la etapa de adjudicación de la Travesía Urbana, una obra estructural pensada para reorganizar el flujo vehicular entre la Ruta 9 y la Ruta 66. A la par del frente vial, el Ejecutivo logró destrabar la tensión paritaria de la semana tras aceptar la contrapropuesta de los gremios estatales, garantizando un nuevo esquema salarial en medio de un contexto económico signado por la caída de los fondos nacionales.
La obra contempla una inversión cercana a los 70 millones de dólares y abarcará el tramo de la Ruta 9 que comprende desde la Nueva Terminal hasta la zona de Los Alisos. El proyecto prevé la edificación de puentes, rotondas, calles colectoras laterales y la apertura de arterias internas dentro de Alto Comedero para conectar de manera eficiente los distintos sectores barriales.
En un intercambio con JujuyViral y demás medios locales, el gobernador Carlos Sadir explicó que las tareas buscan resolver la lentitud del trazado actual para acortar de manera drástica los tiempos de espera y traslado. Como complemento clave, se sumará una nueva elevación sobre la Ruta 66 a la altura de la avenida Intersindical. Con la ley de expropiaciones aprobada en la Legislatura y las ofertas licitatorias ya abiertas, solo resta la definición del Ente de Planificación Urbana para iniciar el despliegue de maquinarias.
Buscamos facilitar una circulación que hoy es lenta y muy concurrida, mejorando la calidad de vida de los vecinos y optimizando los accesos directos a los barrios
Readecuación presupuestaria y salario mínimo asegurado
En el plano económico, la provincia cerró las mesas de negociación paritaria con la aceptación del planteo gremial. El entendimiento se alcanzó en un escenario financiero complejo, donde los ingresos por coparticipación nacional continúan ubicándose de forma sistemática por debajo de la tasa de inflación.
Para equiparar el poder adquisitivo de los empleados públicos con la evolución de los precios, la provincia debió aplicar un ajuste de tuercas en las partidas operativas del gasto corriente. La resolución fijó un piso salarial de un millón de pesos para los trabajadores de la administración pública provincial, mientras que sectores como salud y educación contarán con montos de partida superiores.
«Tratamos de sostener los sueldos al nivel de la inflación, y en algunos casos unos puntos por arriba; eso demanda un esfuerzo financiero significativo para eficientizar el gasto y volcarlo directamente a los haberes de los trabajadores», sostuvo el mandatario.
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Suzette
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