Durante la mañana del viernes, el corriente ciclo de negociaciones paritarias procedió con su tercer capítulo, esta vez con la incorporación de uno de los gremios más representativos y al mismo tiempo económicamente vulnerables de la administración pública.
El secretario adjunto del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), Santiago Seillant, participó del encuentro informativo convocado por el Ministerio de Hacienda, en el marco de la ronda de reuniones salariales que el gobierno provincial desarrolla con diversos gremios estatales. Durante el diálogo, se expusieron los alcances de la última oferta salarial para el sector municipal.
Seillant criticó la propuesta, señalando que —aunque se incrementa el piso salarial de $610.000 a $650.000 en julio— el beneficio sólo alcanza a las categorías 1 a 10, es decir, los trabajadores con menor antigüedad. Para el resto del escalafón, no se prevén mejoras salariales: “para los que tienen 15 años de antigüedad para arriba, categoría mayor a la 10, es cero el aumento salarial”, explicó.
Resaltó además que, si bien se ofrecieron complementos por única vez —como un bono de escolaridad de $20.000 y nuevas asignaciones por adopción, matrimonio o nacimiento— estas no representan incrementos al salario básico. “Es un bono encubierto, no una paritaria efectiva”, expresó.
Seillant calificó el ofrecimiento como “discriminatorio”, ya que deja fuera del aumento a la mayor parte de los estatales municipales. Denunció que aquello supone una agravación del achicamiento de la pirámide salarial, donde quienes más necesitan apoyo quedan rezagados.

Contexto y clima paritario provincial
Durante la semana, los primeros gremios en recibir la propuesta oficial fueron ATE y UPCN. En ambos casos, los sindicatos manifestaron su rechazo: ATE sostuvo que el sueldo inicial debe acercarse a la canasta básica, mientras que UPCN cuestionó que el aumento (alrededor del 10 %) es insuficiente frente a la inflación acumulada. Paralelamente, los gremios docentes CEDEMS y ADEP también expresaron malestar por la magnitud y la forma de la propuesta, denunciando falta de convocatoria formal y falta de representación en las negociaciones.
En el caso de los educadores, las acciones fueron más contundentes: ADEP anunció un paro de 72 horas justo al reiniciar las clases, ratificado por su asamblea interna. CEDEMS, por su parte, también definió una medida de fuerza para el inicio del ciclo lectivo, tras evaluar la insuficiencia de la propuesta salarial.













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