La diputada Angélica Castillo, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, informó que este miércoles se llevó adelante una reunión clave en la Legislatura donde se solicitó un informe detallado a la Secretaría de Pueblos Indígenas sobre la situación actual de las comunidades en la provincia. El pedido incluye datos sobre comunidades con y sin personería jurídica, pedimentos mineros en sus territorios y los desalojos registrados en los últimos tiempos.
Pedido de información y situación actual
Durante el encuentro, se abordó un expediente que ya tomó estado parlamentario y que busca contar con datos precisos y actualizados. En ese sentido, Castillo explicó: “Tratamos un tema exclusivo de un expediente que tomó estado parlamentario que tiene que ver con una solicitud de informes a la Secretaría de Pueblos Indígenas, en donde están solicitando la situación real de cantidades de comunidades reconocidas con personería o sin personería jurídica o con personería jurídica en trámite”.
Asimismo, detalló que el informe también apunta a relevar la existencia de pedimentos mineros dentro de territorios comunitarios y los desalojos ocurridos en esas tierras, una problemática que genera creciente preocupación entre los legisladores.
Preocupación por desalojos y falta de protección
Castillo remarcó que la necesidad de este relevamiento responde a un contexto complejo: “las comunidades están pasando una situación preocupante respecto a los desalojos”. En ese marco, subrayó la importancia de contar con información concreta para poder acompañar a las comunidades: “tener una información actualizada acerca de las comunidades nos permite a nosotros acompañar desde cerca saber con quién estamos hablando, quiénes son los dirigentes de cada una de las comunidades”.
Datos preliminares y contexto legal
Según datos brindados por la legisladora, actualmente existen 279 comunidades con personería jurídica en la provincia, de las cuales aproximadamente 75 cuentan con títulos comunitarios y unas 100 se encuentran en trámite. No obstante, advirtió sobre el impacto de cambios normativos recientes: “a partir de la derogación de la ley 26.160 esa derogación hizo que ahora estas comunidades estén desprotegidas y hace que se hayan activado ciertos juicios, como es el caso de los desalojos”.
La comisión espera que, con el relevamiento solicitado, se puedan impulsar políticas públicas más efectivas y brindar mayor respaldo a las comunidades indígenas frente a los conflictos territoriales.
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