En respuesta a la reciente ola de amenazas que afectó múltiples establecimientos educativos en la provincia —incluyendo el hallazgo de armas blancas en ingresos escolares y cierres preventivos en localidades como Libertador y San Pedro—, el bloque oficialista «Frente Jujuy Crece» impulsó un proyecto de ley para endurecer las consecuencias legales de estos actos.
La propuesta, encabezada por el diputado Diego Rotela, apunta a trasladar la responsabilidad civil y económica de las «bromas» o desafíos virales directamente a los padres o tutores de los menores involucrados.
La modificación del Código Contravencional (Ley N° 5860) busca que los costos operativos generados por la activación de protocolos de emergencia no recaigan sobre el Estado. Según explicó el legislador, movilizar ambulancias del SAME, personal de la Policía y equipos del Ministerio de Educación implica no solo un gasto económico considerable, sino también una desprotección del resto de la sociedad al desviar recursos de emergencias reales.
Los chicos tienen que entender que esto no es una broma y que sus acciones van a repercutir en sus padres
El proyecto incorpora artículos específicos que establecen multas de hasta 100 unidades para los responsables legales de los menores, cifra que podría duplicarse en caso de reincidencia. Además de la faceta económica, la iniciativa otorga facultades al Ministerio de Educación para aplicar medidas disciplinarias que impacten en la vida social de los estudiantes. Entre ellas, se destaca la posibilidad de prohibir a los alumnos implicados participar en actividades de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, tales como la construcción de carrozas, elecciones de representantes o la tradicional Cena Blanca.
Rotela aclaró que «no se busca apartar a los jóvenes del sistema educativo, sino aplicar castigos ejemplares en ámbitos que ellos valoran, reforzando la idea de que la seguridad es un tema serio». Asimismo, el texto contempla sanciones para la tenencia de armas, réplicas o elementos intimidatorios dentro de las instituciones, un punto crítico tras los episodios de violencia potencial detectados en los últimos controles de ingreso.
Contexto legal y concientización
La iniciativa surge tras registrarse cerca de 90 casos de amenazas en la provincia, de los cuales un tercio ya cuenta con autores identificados. El legislador recordó que, más allá de la contravención provincial, estas conductas pueden encuadrar en delitos del Código Penal, con penas de prisión condicional que van de los seis meses a los dos años.
Finalmente, el proyecto propone que la Secretaría de Comunicación del Gobierno inicie campañas de concientización para promover la responsabilidad social. El objetivo es que la discusión parlamentaria sea el puntapié inicial para abordar otras problemáticas urgentes, como el acoso escolar (bullying) y el impacto de los desafíos virales en el comportamiento de los adolescentes jujeños.
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