La oposición senatorial se impuso durante la tarde de ayer, como era previsible, en una reunión de Labor Parlamentaria y empujó para hoy una sesión que inicio a las 11.00 horas, para sancionar las leyes que declara la emergencia pediátrica por un año -Hospital Garrahan de emblema- y que refuerza los presupuestos de universidades públicas. Además, se desactivarían cuatro decretos de facultades delegadas y un DNU ya rechazados la semana pasada por Diputados, por lo que perderán vigor.
Con 46 senadores presentes y 26 ausentes, la Cámara alta inició la sesión prevista para tratar la emergencia pediátrica, el refuerzo de los fondos universitarios y la revisión de decretos del Ejecutivo.
Entre los que no dieron quórum estuvieron la radical Carolina Losada; los macristas Carmen Álvarez Rivero y Martín Goerling; el formoseño Francisco Paoltroni; y casi todo el bloque libertario, con excepción de Bruno Atauche y Ezequiel Abdala, que sí estuvieron en el recinto.
El senador Martín Lousteau pidió una cuestión de privilegio en el inicio de la sesión y acusó a la administración de Javier Milei de “crueldad, inmoralidad y cinismo”, al tiempo que denunció supuestos actos de corrupción. “Arrancó con venta de candidaturas, después denuncia de venta de reuniones”, enumeró, y agregó: “No hay nada, desde la inmoralidad y el cinismo, más grande que lo que está pasando con el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad y el ex director Spagnuolo. Mientras ajustan, roban”.

En la misma línea, el radical Pablo Blanco defendió a la vicepresidenta Victoria Villarruel frente a las críticas del Presidente, que había cuestionado al Senado tras aprobar medidas adversas al oficialismo. “Para el Presidente parece ser que la división de poderes no existe”, señaló Blanco, mientras Villarruel, presente en el recinto, asintió ante sus palabras.
La Cámara alta abrió el tratamiento de los decretos delegados impulsados por el Poder Ejecutivo que habían sido rechazados en Diputados. Se trata de iniciativas que buscan la “transformación” del Banco Nacional de Datos Genéticos, la “disolución” de Vialidad Nacional y la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo, entre otras medidas.

Los decretos también incluyen reformas profundas en organismos técnicos clave como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Su desactivación en el Senado implicaría la pérdida de vigencia de disposiciones que forman parte del plan de reestructuración estatal defendido por el oficialismo.
Fuente: Infobae












