La Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, confirmó una condena contra la Argentina por más de USD 390,9 millones vinculada con la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, concretada en 2008. La resolución favorece a Titan Consortium, fondo que actualmente posee los derechos del reclamo.
El tribunal rechazó el recurso presentado por el Estado argentino para intentar revertir una sentencia de primera instancia. De esta manera, la empresa podrá continuar con las acciones judiciales destinadas a cobrar la indemnización, que permanece impaga desde hace aproximadamente 16 meses.
Un conflicto iniciado tras la estatización
El caso se remonta a la decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de nacionalizar las compañías, que estaban controladas por el grupo español Marsans. La empresa consideró que la expropiación había sido irregular y presentó el reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
En 2017, el tribunal arbitral del Banco Mundial falló a favor de Marsans y estableció una compensación de USD 320 millones más intereses. Posteriormente, los derechos del litigio fueron transferidos a Burford Capital y luego adquiridos por Titan Consortium, que desde 2021 busca ejecutar el laudo ante la Justicia estadounidense.
La confirmación del fallo podría aumentar la presión sobre los activos argentinos ubicados en el exterior. Titan ya había intentado avanzar sobre garantías relacionadas con los antiguos Bonos Brady depositadas en la Reserva Federal de Nueva York, como parte de su estrategia para cobrar la deuda.
Aerolíneas mejoró sus resultados financieros
La resolución judicial se conoció mientras Aerolíneas Argentinas atraviesa una mejora en sus cuentas. La empresa cerró 2025 con una ganancia operativa de USD 112,7 millones, luego de haber alcanzado en 2024 su primer superávit operativo desde la reestatización.
Según los datos de la compañía, los resultados estuvieron vinculados con la reducción de personal, el cierre de oficinas, la eliminación de rutas deficitarias y distintos cambios operativos. El directorio también anticipó que no solicitará aportes del Tesoro durante 2026, aunque una eventual privatización todavía requerirá la aprobación del Congreso.
Fuente: Infobae
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