El Gobierno nacional se prepara para una instancia judicial crucial en Nueva York, donde el próximo miércoles comenzará a definirse si el país deberá pagar US$16.000 millones más intereses por la expropiación de YPF durante el kirchnerismo. La jueza Loretta Preska había fallado en contra de la Argentina en 2023, y ahora el caso entra en su etapa de apelación ante el tribunal de segunda instancia del Segundo Circuito de Nueva York.
Una audiencia que puede definir el futuro de YPF
En esta instancia, los abogados de la Argentina, de YPF y los representantes del fondo Burford Capital —beneficiario del fallo original— expondrán sus argumentos orales. La defensa nacional busca revertir la sentencia o lograr una reducción considerable del monto, que con los intereses acumulados ya equivale al valor del swap firmado con Estados Unidos durante la gestión de Donald Trump.
Además, la audiencia ocurre en paralelo a otra apelación en curso, que intenta frenar la entrega de acciones de YPF como parte de pago a los demandantes. Los jueces que analizarán la apelación serán José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson, designados durante los gobiernos de Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden, respectivamente.
Perfil de los jueces y escenarios posibles
José Cabranes, de 84 años, nacido en Puerto Rico, integró el tribunal desde 1994 y participó en el histórico caso NML Capital contra la Argentina, cuando el país enfrentó embargos tras el default de 2001. Denny Chin, de 71 años, fue designado por Obama en 2010 y ya intervino en una apelación previa del caso YPF. Por su parte, Beth Robinson, de 60 años, se incorporó a la Corte en 2021 bajo la presidencia de Biden.
Según fuentes judiciales, el fallo podría conocerse recién a comienzos de 2026, aunque no hay plazos establecidos. La Argentina adelantó que, en caso de un resultado desfavorable, acudirá a la Corte Suprema de Estados Unidos.
Burford Capital insiste en negociar
Días antes de la audiencia, el fondo Burford Capital se pronunció públicamente por primera vez desde la condena y recomendó a la Argentina buscar un acuerdo extrajudicial. En un comunicado, advirtió que “todo litigio conlleva riesgos significativos de imprevisibilidad hasta su resolución definitiva, incluyendo el riesgo de pérdida total”.
El fondo calculó que la disputa podría extenderse hasta 2027, pero destacó que en procesos similares las partes suelen llegar a un entendimiento por montos inferiores al total de la sentencia. Mientras tanto, el Gobierno argentino mantiene su estrategia de defensa y espera que los jueces del Segundo Circuito consideren su pedido de revisión o reducción del monto.
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