El reclamo de las provincias por la falta de inversión en infraestructura vial vuelve a ganar protagonismo en el Norte Argentino. Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, la transferencia de los fondos recaudados a través del Impuesto a los Combustibles para la reparación y mantenimiento de caminos quedó completamente paralizada, acumulando un pozo estimado en 1,5 billones de pesos a nivel nacional que no retornaron a las calzadas.
En diálogo con JujuyViral, el diputado provincial Mario Fiad (bloque Jujuy Crece) advirtió sobre la delicada situación que atraviesan los corredores viales en la provincia y cuestionó el destino de los recursos que tributan los automovilistas cada vez que cargan nafta. Según remarcó el legislador, el financiamiento destinado por ley a la seguridad vial se estaría utilizando para sostener las cuentas de la administración central (una maniobra de contabilidad creativa que genera buenos números en las planillas oficiales pero impacta de lleno en la seguridad de los conductores).
Ese billón y medio de pesos sirve también para llegar a lo que dice el Gobierno de la Nación que hay un superávit fiscal o un déficit cero. Es ficticio, porque justamente recauda la plata que sirve para determinado fin y no lo envía
La falta de giros nacionales no solo afecta las tareas habituales de repavimentación y bacheo en arterias de alto tránsito como la Ruta Nacional 9 y la Ruta Nacional 52, sino que condiciona la finalización de obras estratégicas como la duplicación de calzada en la Ruta Nacional 34. Aunque varios de estos proyectos cuentan con partida asignada en el presupuesto nacional de este año, la falta de ejecución efectiva mantiene las máquinas apagadas.
A esta problemática se le suma la inminente concesión a privados de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, esquema que contempla el cobro de tarifa en el territorio provincial a través de la instalación de al menos dos estaciones de peaje. La medida genera incertidumbre en el sector productivo y en los usuarios particulares, quienes deberán afrontar un desembolso adicional por transitar caminos que no recibieron los arreglos correspondientes.
«Se ha dicho de este billón y medio que está en bonos por una parte y otro en plazo fijo, o sea que se está jugando financieramente con esa plata de necesidad y para la seguridad vial de todos los argentinos», enfatizó el legislador radical al analizar el manejo financiero de las partidas viales.
Frente a este escenario, legisladores nacionales por la provincia (obviamente no es el caso de los libertarios) impulsan pedidos de informes y proyectos de declaración en el Congreso de la Nación para exigir la inmediata transferencia de las partidas retenidas, mientras no se descarta la articulación de planteos administrativos y judiciales junto a otras jurisdicciones afectadas.
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