El Gobierno nacional evalúa incorporar modificaciones vinculadas a las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario dentro del proyecto de Presupuesto 2027, con el objetivo de reducir el impacto fiscal de normas que ya generaron conflictos judiciales y derrotas legislativas para el oficialismo.
La iniciativa todavía no fue definida y dependerá de los acuerdos que la Casa Rosada logre construir con gobernadores y bloques aliados antes de septiembre. El Ejecutivo busca evitar un escenario similar al de diciembre de 2025, cuando Diputados rechazó un capítulo del Presupuesto 2026 que pretendía avanzar sobre ambas normativas.
El Gobierno busca acuerdos antes de septiembre
La estrategia oficial apunta a llegar al debate presupuestario con una base legislativa más sólida y un entendimiento político con mandatarios provinciales. En Nación consideran que el respaldo de los gobernadores será fundamental para avanzar no solo con el Presupuesto, sino también con la reforma electoral y otras iniciativas económicas.
La Casa Rosada sostiene que la discusión sobre el financiamiento universitario y las prestaciones vinculadas a la discapacidad debería formar parte del cálculo general de ingresos y gastos del Estado. El argumento oficial es que las leyes que incrementan el gasto sin establecer fuentes de financiamiento pueden obligar a realizar recortes en otras áreas.
Uno de los principales frentes abiertos se encuentra en el sistema universitario. La Corte Suprema mantuvo vigente una medida cautelar que obliga al Gobierno a cumplir artículos de la Ley de Financiamiento Universitario relacionados con salarios y becas estudiantiles. La discusión judicial continúa y podría influir directamente en la elaboración de las cuentas públicas para 2027.
El Ejecutivo ya había avanzado con una recomposición salarial para trabajadores universitarios, aumentos para gastos de funcionamiento, fondos destinados a hospitales universitarios y mejoras en becas. Sin embargo, las universidades mantuvieron sus reclamos y aseguraron que las medidas adoptadas no significaban el cumplimiento completo de la ley.
Discapacidad y control del gasto público
En materia de discapacidad, el oficialismo también pretende revisar el esquema vigente. Entre las propuestas analizadas aparecen auditorías, reempadronamiento de beneficiarios, revisión de incompatibilidades en pensiones no contributivas y modificaciones en el sistema de financiamiento.
El Gobierno sostiene que el objetivo es reforzar los controles y limitar el impacto fiscal de las prestaciones. La discusión se produce mientras las partidas de seguridad social continúan siendo uno de los principales componentes del gasto público nacional.
Según datos de la ejecución presupuestaria acumulada hasta mayo de 2026, la administración nacional registró un superávit primario de $8,4 billones y un resultado financiero positivo de $2,6 billones. Las transferencias destinadas a universidades nacionales alcanzaron $1,95 billones durante el mismo período.
En paralelo, el oficialismo pretende sancionar la reforma electoral antes de septiembre o, al menos, llegar al envío del Presupuesto con las negociaciones avanzadas. La suspensión o eliminación de las PASO continúa entre las prioridades de la mesa política nacional.
La definición final sobre los cambios en Universidades y Discapacidad dependerá de las negociaciones con el Congreso y los gobernadores. La Casa Rosada busca construir un acuerdo que le permita sostener sus reformas hasta marzo de 2027 y evitar nuevas derrotas legislativas en discusiones consideradas centrales para el programa económico.
Fuente: TN
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