El presidente Javier Milei avanza con un plan de tratamiento exprés para el Presupuesto 2026 y la denominada ley de “Modernización Laboral”, dos iniciativas que el Gobierno busca acelerar en el Congreso antes del cierre del período de sesiones extraordinarias. Mientras el proyecto presupuestario enfrenta resistencias y negociaciones abiertas con los gobernadores, la reforma laboral se convirtió en la verdadera prioridad de la Casa Rosada.
La intención inicial del oficialismo era contar con el Presupuesto aprobado antes de fin de año. Sin embargo, ante la dificultad para reunir los votos necesarios, en el entorno presidencial no descartan que Argentina vuelva a quedarse sin presupuesto por tercer año consecutivo, un escenario que no parece inquietar al mandatario.
La reforma laboral, eje central del Gobierno
En cambio, Milei está decidido a modificar de fondo el régimen laboral argentino. Tras los intentos fallidos durante la Ley Bases y el freno judicial al DNU 70/23, el Ejecutivo redobla la apuesta con un nuevo proyecto que evita el término “reforma” y se presenta como una “modernización” del sistema de trabajo registrado.
El proyecto pone en discusión aspectos sensibles como salarios, indemnizaciones, jornadas laborales, vacaciones, horas extras y licencias, lo que generó un inmediato rechazo de la CGT y de los principales sectores del peronismo y el kirchnerismo. Para el sindicalismo, se trata de una flexibilización encubierta que vulnera derechos adquiridos.
Estrategia parlamentaria y tensiones políticas
Mientras el Presupuesto ingresó por la Cámara de Diputados, la ley laboral comenzó su recorrido en el Senado, donde La Libertad Avanza confía en obtener la media sanción antes de que finalicen las extraordinarias. La estrategia legislativa estará a cargo de la senadora Patricia Bullrich, quien además deberá coordinar con la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien el oficialismo busca evitar como un obstáculo en el trámite parlamentario.
El Gobierno apuesta a un debate rápido en comisiones, con dictamen antes del próximo viernes y sanción antes del 30 de diciembre. Sin embargo, existen más de cien pedidos de expositores, lo que podría dilatar los tiempos y favorecer la estrategia opositora.
Rechazo sindical y posibles conflictos judiciales
La CGT, junto a las dos CTA, el kirchnerismo y partidos de izquierda, convocó a una movilización para el jueves 18 frente al Congreso y Plaza de Mayo. Aunque la central obrera evita por ahora un llamado a huelga general, el clima de tensión va en aumento. El Gobierno, por su parte, anticipó que buscará diálogo para evitar enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
En paralelo, el proyecto ya enfrenta cuestionamientos judiciales. El diputado Esteban Paulón denunció que la iniciativa incluye aspectos tributarios que no deberían tratarse en el Senado, mientras que la Asociación de Magistrados advirtió que los cambios propuestos podrían afectar la independencia judicial y poner en riesgo la continuidad del fuero laboral.
Un camino condicionado por votos y fallos
Pese a las disputas internas dentro del oficialismo y a la presión sindical, la Casa Rosada considera que la reforma laboral no tiene marcha atrás. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, recibió la orden de avanzar sin dejar flancos débiles que permitan frenar la ley en los tribunales.
El desenlace dependerá, finalmente, de la capacidad del Gobierno para reunir los votos necesarios en el Congreso y de la respuesta que den los jueces ante las presentaciones judiciales anunciadas. Milei avanza a contrarreloj, consciente de que el futuro de su reforma se definirá tanto en el recinto como en los estrados judiciales.
Fuente: TN
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