El Ejecutivo nacional publicó este martes el Decreto 787/2025 en el Boletín Oficial, mediante el cual derogó la normativa de 1993 que regulaba las matrículas y cuotas de los colegios privados. La medida, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, busca otorgar “mayor flexibilidad en materia de precios y condiciones”, en línea con el plan de desregulación económica impulsado por el Gobierno.
El decreto sostiene que las disposiciones anteriores imponían “regulaciones y pautas” que dificultaban la adaptación de los institutos a las realidades económicas del país. Además, remarca que el sistema educativo actual difiere del de los años 90, cuando la educación dependía del Estado nacional, mientras que hoy es competencia de las provincias.
Según el texto oficial, la intervención estatal en los aranceles “generó efectos contraproducentes” que afectaban la viabilidad económica de las instituciones privadas. Con esta nueva disposición, los colegios ya no estarán obligados a presentar sus montos con anticipación ni a solicitar autorización estatal para modificarlos.
Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa) confirmaron que la decisión responde a un reclamo histórico del sector. Martín Zurita, secretario ejecutivo de Aiepa, señaló que desde 2024 venían solicitando la derogación del Decreto 2417/1993 y mantuvieron reuniones con el entonces secretario de Educación, Carlos Torrendell, para avanzar en la libre fijación de cuotas.
Expectativas y efectos del nuevo esquema
El Gobierno argumenta que el sistema anterior limitaba la capacidad de los colegios para adaptarse a “las fluctuaciones del mercado”. De acuerdo con el decreto, esta restricción llevaba a los institutos a fijar cuotas más altas “por temor a enfrentar costos que no pudieran ser cubiertos sin aprobación estatal”.
Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la medida y aseguró que el objetivo es “decirle chau a los saltos exorbitantes”. Según explicó, la regulación anterior obligaba a prever aumentos anuales anticipados, lo que provocaba subas desmedidas en marzo.
“El decreto permite estabilizar el gasto de las familias y crear un entorno más libre, equilibrado y sustentable”, sostuvo Sturzenegger, quien recordó que el nuevo esquema alinea a los colegios con el régimen vigente para universidades e institutos, que nunca tuvieron restricciones similares.
Competencia y libertad de contratación
La norma también establece que los colegios, en tanto entidades privadas, deben tener libertad para fijar las condiciones de contratación y los salarios de su personal, sin necesidad de aprobación estatal. Esto, según el texto oficial, permitirá una “competencia leal y ajustada a las demandas del mercado” entre las instituciones educativas.
Fuente: La Nación
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