En el marco del debate sobre las políticas públicas prioritarias para la provincia, el Ministerio de Seguridad de Jujuy formalizó el lanzamiento de un plan estratégico de inversión orientado a la reestructuración operativa de las fuerzas policiales y penitenciarias. El secretario de Seguridad provincial, Carlos Gil Urquiola, definió la iniciativa como una prioridad absoluta de la gestión y detalló el impacto económico y material de las partidas presupuestarias provinciales asignadas a la compra de equipamiento tecnológico, parque automotor y obras civiles.
La estrategia gubernamental combina la inyección de recursos en el sistema de patrullaje con una reforma en la infraestructura edilicia, orientada específicamente a optimizar la prevención del delito en la vía pública. Según fundamentó el funcionario, el objetivo central es descomprimir de manera definitiva los destacamentos barriales para reubicar al personal policial en tareas de vigilancia comunitaria.
Renovación de la flota logística y tecnología de monitoreo
Las inversiones más recientes ejecutadas por la cartera de seguridad se concentraron en fortalecer la presencia territorial y la capacidad de respuesta ante emergencias. Con un desembolso que alcanza los 1.050 millones de pesos en movilidad, la provincia incorporó de manera formal un lote de 24 motocicletas tácticas por un valor de 250 millones de pesos, sumado a 16 camionetas equipadas que demandaron una inversión de 800 millones de pesos.
Este nuevo parque automotor fue asignado bajo un criterio de distribución estratégica entre las dependencias operativas clave:
- La Policía de la Provincia recibió 5 unidades vehiculares.
- La Dirección de Seguridad Vial sumó 5 camionetas a sus esquemas de control.
- La Dirección de Emergencia y la Dirección de Bomberos recibieron 3 unidades cada una.
En paralelo a la inversión terrestre, el plan estratégico incorporó herramientas de vigilancia aérea mediante la adquisición de 4 drones de última generación. Estos dispositivos tecnológicos complementarán las tareas operativas tradicionales y operarán de manera directa en el fortalecimiento del monitoreo urbano y rural.
Obras clave y reestructuración del sistema de detención
El eje de infraestructura edilicia representa una erogación presupuestaria neta de 915 millones de pesos, distribuidos en cinco obras de ingeniería y readecuación carcelaria. La inversión principal contempla el desarrollo del Centro de Gestión de la Unidad Regional 7 en el barrio Alto Comedero, con un presupuesto asignado de 375 millones de pesos.
Le siguen la construcción del alambrado perimetral en el Complejo Penitenciario por 155 millones de pesos, el reacondicionamiento del Pabellón 6 del Establecimiento Penitenciario 1 de Gorriti por 140 millones de pesos, la edificación del Destacamento Policial de Lipán de Moreno con una inversión de 137 millones de pesos y la remodelación de la Comisaría Seccional 6 por un total de 108 millones de pesos.
Urquiola ponderó que este avance edilicio resulta indispensable para descentralizar la atención y modificar de fondo el funcionamiento del sistema penal en las comisarías. Al respecto, el secretario puntualizó que la inversión en infraestructura es clave para retirar a los detenidos de los barrios y reasignar las funciones de los efectivos policiales.
Los efectivos de las comisarías no están para controlar detenidos, sino para marcar presencia en la calle haciendo prevención
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Francesco
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