El Gobierno nacional ha oficializado la disolución definitiva del Fondo Fiduciario Público Pro.Cre.Ar, el programa de acceso a la vivienda creado en 2012. Esta medida, formalizada a través de la Resolución 764/2025 y el Decreto 1018/2024, genera incertidumbre entre miles de familias beneficiarias de créditos y aquellas que aún esperan la finalización o adjudicación de sus viviendas.
El Ministerio de Economía ha iniciado el proceso de liquidación del Fondo Pro.Cre.Ar, argumentando la necesidad de “mejorar el funcionamiento del Estado, reducir su sobredimensionamiento y transparentar el gasto”. Además, el Gobierno sostiene que el financiamiento de viviendas debe recaer en bancos comerciales y no en la gestión directa del Estado.
Informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) respaldan esta decisión, señalando "demoras en la entrega de viviendas, falta de condiciones de habitabilidad, desactualización de manuales y dificultades para el control de recursos". La auditoría también destacó sobrecostos y una administración poco transparente.
¿Qué pasará con los créditos vigentes?
Uno de los mayores interrogantes se centra en el destino de los créditos hipotecarios y personales ya realizados. El Ministerio de Economía ha dispuesto que la gestión de estos créditos continúe bajo la administración del Banco Hipotecario S.A. Los titulares de los créditos mantendrán sus condiciones contractuales originales: monto, tasa de interés, sistema de actualización y cronograma de pago. Esto significa que los beneficiarios no verán alterados sus derechos ni obligaciones.
El futuro de obras sin terminar
A su vez, la medida recaerá en alrededor de 17.000 viviendas que se encuentran en desarrollo en distintos puntos del país. El Gobierno ha resuelto que la continuación y finalización de estos desarrollos urbanísticos quedará a cargo de las provincias, los municipios o, en su defecto, del sector privado.
Este proceso ya comenzó en 2024, con la transferencia de proyectos inconclusos a diversas provincias. Los municipios y gobiernos provinciales definirán ahora el futuro de las obras y la modalidad de adjudicación, que podría incluir programas locales, subastas o alianzas con el sector privado.
Las viviendas terminadas pero aún no adjudicadas posiblemente se incorporarán al mercado por medio de ventas directas, un cambio significativo respecto al sistema de sorteo del Procrear. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) podrá recibir propiedades sin contratos vigentes y gestionar su venta o cesión.
La eliminación del Procrear forma parte de una reforma más amplia que busca replegar la intervención estatal directa en materia de vivienda, otorgando el protagonismo a los bancos privados, empresas constructoras y gobiernos provinciales y municipales. El acceso al crédito hipotecario, en adelante, dependerá de las condiciones del mercado financiero y no de programas estatales. El Ministerio de Economía estará a cargo de la liquidación definitiva del fondo y la garantía de cumplimiento de las obligaciones pendientes.
Fuente: Infobae
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