El Ministerio de Salud decidió poner en pausa la auditoría sobre las pensiones por discapacidad, luego de que se filtraran audios del ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, donde reconocía una presunta trama de corrupción en la compra de medicamentos.
La determinación fue tomada por el ministro de Salud, Mario Lugones, quien reporta semanalmente en la Casa Rosada al asesor presidencial Santiago Caputo sobre el proceso de reordenamiento del organismo.
Hasta ahora, la ANDIS había dado de baja 128.667 pensiones: 110.522 por irregularidades en la documentación, 8.107 otorgadas a personas fallecidas y 10.038 renunciadas voluntariamente. Sin embargo, la publicación de los audios de Spagnuolo obligó al Gobierno a revisar nuevamente las más de 120 mil bajas ya efectuadas.
“Las bajas están pausadas hasta que se termine la auditoría en la agencia de discapacidad, que continúa con un foco en tres cuestiones: las pensiones, las compras y la estructura. En función de eso se tomarán medidas a seguir”, señaló una fuente cercana a Lugones.
Intervención y debate político
El Gobierno dispuso la intervención de la ANDIS y abrió una investigación interna para detectar posibles irregularidades en la gestión de Spagnuolo. Durante este proceso, no habrá nuevas citaciones ni controles presenciales sobre los 1.013.400 beneficiarios que perciben pensiones por invalidez laboral.
Al mismo tiempo, el oficialismo analiza si la agencia continuará como organismo descentralizado o pasará a depender directamente del Ministerio de Salud. Sin embargo, esa medida debería debatirse en el Congreso, ya que el Ejecutivo perdió las facultades delegadas que tenía con la Ley Bases.
La oposición logra un triunfo histórico
El contexto político se tensó aún más este jueves en el Senado, donde la oposición logró revertir por primera vez en más de 20 años un veto presidencial. Con 63 votos a favor y apenas 7 en contra, se insistió con la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta 2026 y que actualiza las pensiones no contributivas, aranceles y compensaciones económicas.
El presidente Javier Milei considera que la norma compromete el equilibrio fiscal y anticipó que judicializará la medida para evitar cumplir con los aumentos previstos.
Fuente: Infobae
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