El Senado de la Nación convirtió en ley este viernes el proyecto de Régimen Penal Tributario y Procedimiento Tributario, conocido como “Inocencia Fiscal”, una iniciativa que busca incentivar la regularización de capitales no declarados, especialmente los llamados “dólares del colchón”, y redefinir la relación entre el Estado y los contribuyentes.
La norma fue aprobada con 43 votos afirmativos y 26 negativos y establece cambios clave en el Régimen Penal Tributario, los procedimientos de fiscalización y la declaración del Impuesto a las Ganancias para personas humanas, además de crear un Régimen de Declaración Jurada Simplificada.
El principio de inocencia fiscal y la regularización de fondos
Uno de los ejes centrales de la ley es la incorporación del principio de Inocencia Fiscal, que parte de la premisa de que el contribuyente es considerado cumplidor salvo prueba en contrario. Según el texto sancionado, el objetivo es simplificar los procesos impositivos, reducir la conflictividad judicial y promover la regularización voluntaria, en particular de quienes poseen dólares fuera del sistema financiero.
En ese marco, la normativa permite el reingreso de esos fondos sin multas ni sanciones penales, aunque aclara que no elimina impuestos, no borra antecedentes fiscales ni modifica la Ley de Prevención del Lavado de Activos, ni las atribuciones de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Cambios en el Régimen Penal Tributario
La iniciativa introduce una profunda actualización del Régimen Penal Tributario (Ley 24.769), especialmente en los montos que determinan los delitos fiscales. El piso para la evasión simple pasa de $1,5 millones a $100 millones, mientras que la evasión agravada se eleva de $15 millones a $1.000 millones.
Además, se incorpora un mecanismo que extingue la acción penal si el contribuyente cancela la deuda y los intereses antes de que se formule la denuncia. En caso de que el proceso ya esté iniciado, podrá cerrarse con el pago total más un 50% adicional dentro de los 30 días, una opción que solo podrá utilizarse una vez por persona o empresa.
La ley también reduce los plazos de fiscalización del Estado, estableciendo esquemas de tres, cinco o diez años, según el nivel de cumplimiento fiscal del contribuyente.
Impuesto a las Ganancias y declaración simplificada
Entre los puntos destacados, la norma crea un Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias para personas físicas con ingresos de hasta $1.000 millones anuales y patrimonios menores a $10.000 millones.
En este esquema, el impuesto se calculará sobre la facturación y no sobre la evolución patrimonial, y la declaración será confeccionada por el propio organismo recaudador en base a la información disponible. Quienes paguen en término quedarán liberados de otras obligaciones formales, salvo en casos de errores graves, según establece el texto aprobado.
Fuente: TN
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