Tras décadas de manifestaciones (casi semanales) frente a las puertas de la Casa de Gobierno, el histórico conflicto legal y laboral que mantienen los exempleados del desaparecido Banco de la Provincia de Jujuy ingresó en una etapa de definiciones sustanciales. En el marco de las negociaciones abiertas para dar cumplimiento a los reclamos de resarcimiento que el sector sostiene desde la liquidación de la entidad financiera, representantes de los trabajadores mantuvieron una audiencia oficial con el procurador general de la provincia, Facundo Luna.
Durante el encuentro, las autoridades del Ejecutivo provincial presentaron una propuesta económica concreta destinada a cancelar los compromisos pendientes con el conjunto de los agentes afectados. El avance representa un giro significativo en un litigio de larga data que, durante años, estuvo marcado por la falta de resoluciones definitivas y por la constante movilización de los extrabajadores en el casco céntrico de la capital jujeña.
El detalle del ofrecimiento gubernamental contempla una cifra única de 8.500.000 pesos para cada uno de los damnificados, esquema que abarca a un universo de aproximadamente 390 personas. Según explicó a JujuyViral, Alejandro Luccioni, referente y exjefe del Banco Provincia, la principal particularidad del planteo oficial radica en su carácter uniforme, lo que implica que la percepción del beneficio «se ejecutará sin realizar distinciones ligadas a la antigüedad de los agentes o a la jerarquía de los cargos que ocupaban al momento del cese de actividades».
Esta modalidad unificada fue recibida de manera positiva por los trabajadores, quienes recordaron que las tratativas iniciales preveían escalas diferenciadas que fijaban un tope de 9 millones de pesos para los cargos superiores y disminuían de forma gradual hasta un piso estimado de entre 2,5 y 3 millones de pesos para el personal operativo y de maestranza. Luccioni remarcó que la aplicación de este criterio lineal fue considerada equitativa por la asamblea, dado que resguarda los ingresos de los sectores que habrían resultado menos favorecidos con el sistema de escalas previo. Asimismo, se ratificó que el eventual convenio alcanzará por igual tanto a aquellos agentes que iniciaron acciones judiciales patrocinadas como a quienes no recurrieron a la vía litigiosa.
Disparidad en los plazos y próxima reunión clave
A pesar del consenso logrado en torno al capital base del resarcimiento, el punto de conflicto actual se concentra en la modalidad de pago propuesta por el Estado provincial. El plan de la Procuración establece que los 8,5 millones de pesos se liquidarán en un esquema de 24 cuotas mensuales, plazo que los exempleados consideran excesivo debido al impacto de la inflación sobre las cuotas a lo largo de dos años.
La contrapropuesta del sector damnificado apunta a reducir de manera considerable el esquema de financiamiento, bajo la premisa de concentrar los desembolsos en un máximo de 12 cuotas consecutivas. Con el fin de destrabar este último ítem, las partes fijaron una nueva audiencia para el próximo miércoles, instancia que se perfila como definitiva para la rúbrica del acuerdo general. Desde el Gobierno provincial condicionaron la validez del acta a que exista una adhesión unánime y formal por parte de la totalidad de los componentes del padrón de beneficiarios, paso que busca cerrar de manera definitiva el frente de conflicto y dar por concluidas las demandas públicas del sector.
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