En una jornada marcada por el frío y la lluvia, un numeroso grupo de vecinos del barrio Tupac zona de La Ovejería (Monterrico) se concentró este lunes frente a Casa de Gobierno para exigir respuestas ante un inminente desalojo que afectaría a unas 120 familias. Los residentes, que aseguran haber recibido notificaciones judiciales desde mediados de octubre, reclaman la intervención del Estado provincial para evitar el desalojo y regularizar su situación habitacional.
El vecino Juan Carlos Vilca, uno de los referentes del barrio, explicó que las notificaciones comenzaron a llegar el 13 de octubre, firmadas por el abogado del propietario de las tierras. “Nosotros somos 120 familias, aproximadamente 500 personas en el barrio«, explicó a JujuyViral.
Vilca recordó que en 2016, funcionarios provinciales habían asegurado a los vecinos que se regularizaría la situación de las tierras y que posteriormente podrían abonar las viviendas. “Nos dijeron que no paguemos hasta que se haga la regularización. Pero ya pasaron casi diez años y ahora el dueño reclama la propiedad como si fuéramos intrusos. Mientras tanto, nosotros seguimos pagando luz, agua y alumbrado público. Hay cordón cuneta, plazoleta», amplió en su demanda mientras era apoyado por los manifestantes que se encuentran en la misma situación.
No somos usurpadores, pero ante lo legal, por lo visto, sí. Por eso pedimos una solución justa, porque vivimos acá desde 2015 y pagamos todos los servicios
Los vecinos aseguran haber buscado soluciones institucionales en el Concejo Deliberante de Monterrico, donde obtuvieron el respaldo de algunos concejales. Sin embargo, la respuesta del intendente fue que se trata de un tema privado entre las familias y el dueño de las tierras. Ante la falta de avances, decidieron presentarse ante el gobernador Carlos Sadir, entregando notas y solicitando una audiencia. “Nos prometió recibirnos hoy entre las 9 y las 10, por eso vinimos, pero todavía no hemos sido atendidos”, explicó Vilca.
Según el asesor legal de los vecinos, el proceso judicial aún se encuentra en etapa preliminar, aunque el plazo de diez días que figuraba en las notificaciones ya estaría cumplido. Las familias temen que el desalojo pueda concretarse en cualquier momento y reclaman que el Estado interceda para evitar una crisis social.
Lo que pedimos es que el gobierno actúe como mediador. Queremos pagar lo que corresponda, pero de manera organizada, sin quedar en la calle. Hay chicos, adultos mayores, familias enteras que viven con incertidumbre
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