La espera ha sido larga, más de 30 años desde que la antigua Constitución provincial estableció incipientes parámetros para la distribución de los ingresos coparticipables que disponía Hacienda provincial. Por ese entonces, muchas de los municipios y comisiones que hoy componen nuestro mapa jurisdiccional ni siquiera estaban en los planes.
A tal punto se dilató el tratamiento de la Ley, que Jujuy terminó por convertirse en la única provincia, a la fecha actual, que no posee reglas claras en este delicado asunto. Córdoba y La Rioja hicieron lo propio hace algunos años, entendiendo la necesidad de transparentar el sistema de distribución, pero también de ser equitativos con sus localidades. Porque en Jujuy se han prorrogado de manera continua los permisos que facultan al Ejecutivo a repartir según su criterio, hasta ahora, según parece.
El intendente de San Pedro y referente de la Unión Cívica Radical en la provincia, Julio Bravo, valoró ante los micrófonos de JujuyViral este hecho casi histórico, considerando que se trata de «un paso clave para saldar una deuda estructural que Jujuy arrastra desde hace décadas».
Bravo puso el acento en el contexto histórico de la iniciativa al recordar que el régimen de coparticipación vigente no se actualiza desde la década de 1980, pese al paso de distintos gobiernos y signos políticos. En ese marco, subrayó que, si bien el tema fue mencionado en varias oportunidades por diferentes dirigentes —incluidos el actual gobernador Carlos Sadir y su antecesor Gerardo Morales—, nunca se había concretado el envío formal de un proyecto de ley oficial que permitiera revisar y modernizar los criterios de distribución de los fondos entre la Provincia y los municipios. Cabe destacar que las iniciativas hasta ahora siempre habían quedado en manos de la oposición de turno, por ejemplo, el diputado mandato cumplido, Pedro Belizán lo intentó en multiples ocasiones.
En ese sentido, el jefe comunal agradeció expresamente al gobernador Sadir por cumplir con el compromiso anunciado a comienzos de su gestión. Según explicó, el proyecto ya comenzó a ser analizado en la Legislatura provincial, donde la semana pasada se realizó una primera reunión plenaria de las comisiones de Economía y de Asuntos Institucionales. Allí, los diputados iniciaron el tratamiento del esquema general del anteproyecto remitido por el Ejecutivo.
Bravo anticipó que en los primeros días de enero se prevé el inicio de reuniones formales con participación de los intendentes, a través del Foro de Intendentes, para avanzar en una tarea que definió como compleja pero central para el futuro de los gobiernos locales. De acuerdo con su estimación, el objetivo es que la nueva ley pueda ser aprobada entre marzo y abril del próximo año, plazos que consideró razonables si se sostiene un trabajo legislativo intenso durante el verano.
Una ley de coparticipación actualizada permitiría a los municipios contar con previsibilidad financiera, fortalecer su autonomía y asumir con mayor responsabilidad la administración de los recursos que les corresponden
En ese camino, recordó que los intendentes vienen trabajando desde hace tiempo en un anteproyecto propio, con aportes técnicos de los secretarios de Hacienda de cada municipio y que la principal demanda era justamente que el Ejecutivo provincial habilitara el debate legislativo, algo que finalmente ocurrió.
Consultado sobre el respaldo del resto de los jefes comunales, Bravo afirmó que existe un contacto permanente entre los intendentes y un consenso general en torno a la necesidad de avanzar con la reforma. Incluso adelantó que en los próximos días habrá nuevas instancias de diálogo, tanto en el marco de actividades institucionales como en reuniones previstas con la ministra de Educación, Daniela de Teseira, para coordinar distintos temas de gestión.
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