Este martes 3 de junio de 2025, a las 11:00 horas, se llevará a cabo una cumbre de gobernadores en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en Buenos Aires. El encuentro, titulado «Nuevas fuentes de financiamiento para el desarrollo de una infraestructura federal», reunirá a mandatarios de diversas provincias, preocupados por la disminución de los recursos coparticipables y su repercusión en las finanzas provinciales.
Según un informe reciente de la Comisión Federal de Impuestos, se proyecta que las transferencias automáticas por coparticipación caerán un 4,2% durante todo el 2025, lo que representaría una pérdida de casi $2,5 billones para las provincias, equivalente al 0,3% del Producto Bruto Interno (PBI) . Esta situación ha generado alarma entre los gobernadores, quienes buscan estrategias para mitigar el impacto en sus jurisdicciones.
Jujuy: alta dependencia de los fondos nacionales
La provincia de Jujuy no es ajena a esta problemática. Durante abril de 2025, recibió $116.454 millones en concepto de coparticipación federal de impuestos, lo que representó un aumento del 8,8% respecto al mes anterior . Sin embargo, esta cifra es insuficiente para cubrir las necesidades provinciales, dado que el 96% de estos fondos se destinan al pago de salarios estatales . Esta alta dependencia de los recursos nacionales limita la capacidad de la provincia para invertir en infraestructura y otros servicios esenciales.
Para citar un ejemplo relativamente actual: desde el sitio oficial del Ministerio de Hacienda jujeño se puede ver que de los recursos económicos del Estado, el 70% provinieron de Nación en marzo, siendo el resto 14% por recaudación propia y 16% por la renta de los parques solares Cauchari. Vale destacar que en años previos, esa dependencia de las transferencias nacionales llegaba a ser incluso superior, pero desde los recortes de los ATN, Sadir y su ministro Cardozo han debido adaptarse como en tantas otras jurisdicciones.
En este contexto, ha resurgido el debate sobre la necesidad de una reforma en el sistema de coparticipación federal de impuestos. Actualmente, la distribución de estos fondos se basa en la Ley 23.548, que establece los porcentajes asignados a cada jurisdicción . Sin embargo, muchas provincias consideran que este esquema no refleja adecuadamente las realidades económicas y sociales actuales y abogan por una revisión que permita una distribución más equitativa y eficiente de los recursos.
La reunión en el CFI representa una oportunidad para que los gobernadores unan esfuerzos y articulen estrategias comunes frente a los desafíos fiscales que enfrentan. Aunque existen diferencias políticas entre los mandatarios, la gravedad de la situación podría propiciar consensos en busca de soluciones sostenibles para las finanzas provinciales. No obstante y siendo un año electoral, han dejado en claro de manera extraoficial que no se trata de un encuentro Anti Milei.
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