Con la firma del obispo Monseñor César Daniel Fernández, se divulgó un comunicado fechado el 23 de septiembre de 2025 dirigido a sacerdotes, consagrados y fieles laicos, a raíz de la divulgación mediática de la denuncia penal contra el sacerdote Luis Bruno. En el texto firmado por la máxima autoridad de nuestra iglesia local, se afirma que el proceso canónico contra el sacerdote ya fue iniciado el año pasado y que este fue apartado de sus funciones pastorales conforme al Derecho Canónico.
El obispo recuerda que, ante la denuncia formulada en diciembre de 2024, siguió los procedimientos internos previstos por la Iglesia y presentó ante la justicia toda la documentación relativa a las medidas disciplinarias adoptadas. Señala también que ha mantenido comunicación con la denunciante para escuchar sus inquietudes y comunicarle el avance de los pasos eclesiásticos.
El comunicado añade que el obispo «posee tranquilidad de conciencia respecto a su actuación y expresa confianza en la objetividad de la justicia», al tiempo que encomienda esta situación a la protección de la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya.
Este pronunciamiento eclesiástico se produce en un clima de fuerte repercusión pública derivado de la acusación contra Bruno, quien fue detenido en abril de 2025 acusado de múltiples hechos de abuso sexual, entre ellos abuso sexual simple agravado y acceso carnal agravado por su condición religiosa. Los medios locales han informado que Bruno, conocido como “el cura Luis”, habría ofrecido sobornos a la denunciante para que desistiera de avanzar en la causa, implicando también a miembros del Poder Judicial en conversaciones filtradas.
La acusación involucra gravemente la figura del sacerdote y pone a prueba tanto los mecanismos eclesiásticos de control como la cooperación institucional con la Justicia. En el desarrollo de la causa han aparecido chats filtrados que sugieren que Bruno habría intercambiado mensajes con una jueza de la Corte Suprema provincial para negociar el silencio de la víctima mediante la suma de 10 mil dólares.
Además, medios nacionales que se hicieron eco del caso reportan que los chats involucrarían al obispo como interlocutor en esas negociaciones, en un intento de frenar la difusión del caso, hecho desmentido por el propio Fernández en el comunicado citado líneas arriba.
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