El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy encabezó un operativo en el que fueron rescatadas 42 vicuñas que permanecían en cautiverio y bajo deficientes condiciones alimentarias en un criadero de la localidad de Rodero. El procedimiento culminó con la clausura del establecimiento y la imputación de su propietario por presunto maltrato animal.
La intervención fue considerada inédita por su complejidad y magnitud. Participaron más de 40 personas pertenecientes al Ministerio Público de la Acusación, el Juzgado Ambiental, el Ministerio de Seguridad, el organismo ambiental provincial y el INTA Miraflores de Abra Pampa. Según informaron las autoridades, el traslado se realizó bajo un estricto protocolo de bienestar animal y ninguno de los ejemplares sufrió daños.
Falta de alimento y esquila clandestina
Ana Cristina Rodríguez, secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable de Jujuy, explicó que las vicuñas recibían una alimentación diferente de su dieta natural y no contaban con registros de una fuente de agua cercana. Además, señaló que los animales eran esquilados y que su fibra ingresaba al circuito comercial de manera ilegal y clandestina.
El criadero funcionaba como parte de un antiguo sistema creado alrededor de 1940, cuando la vicuña se encontraba en peligro de extinción. Sin embargo, las autoridades provinciales detectaron graves dificultades en el cuidado de los animales luego de un cambio de propietarios ocurrido en 2022. Tras la clausura del predio, solo queda un establecimiento de este tipo en todo el territorio jujeño.
La provincia busca avanzar hacia la eliminación definitiva de los criaderos cerrados, prohibidos desde 2015 por la Ley provincial Nº 5634. En su reemplazo, se promueve el chaku, una práctica tradicional mediante la cual las comunidades arrean, capturan y esquilan a las vicuñas vivas en su ambiente natural, bajo controles destinados a evitar daños y garantizar su posterior liberación.
Evaluarán si pueden volver a la vida silvestre
Los 42 ejemplares fueron trasladados al predio del INTA Miraflores, en Abra Pampa, donde veterinarios analizan su condición nutricional e intentan adaptar nuevamente su alimentación. Los especialistas también deberán determinar si las vicuñas conservan las capacidades necesarias para sobrevivir en libertad después de permanecer durante años en cautiverio.
Las mayores expectativas están puestas en los seis ejemplares más jóvenes, conocidos como tekes, que tendrían mejores posibilidades de ser reinsertados en la naturaleza. En el caso de las vicuñas adultas, las autoridades advirtieron que podrían haber perdido hábitos esenciales para la supervivencia y posiblemente deban continuar bajo protección permanente.
El propietario del establecimiento fue imputado por la Justicia Ambiental por el presunto delito de maltrato animal. La acusación sostiene que no proporcionaba alimento en cantidad y calidad suficientes para garantizar la subsistencia de las vicuñas, mientras continúa la investigación para determinar otras posibles responsabilidades.
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