Como cada miércoles, los alrededores del Congreso Nacional se convirtieron en escenario de una nueva marcha encabezada por jubilados y organizaciones sociales que acompañan el reclamo por mejoras en los haberes previsionales, restitución de medicamentos y plena cobertura médica. La jornada estuvo atravesada por un amplio operativo de seguridad y momentos de tensión entre manifestantes y efectivos policiales.
Desde temprano, la zona del Congreso fue cercada por fuerzas de seguridad federales y porteñas, que implementaron un operativo con vallados y patrulleros en los accesos principales, como Avenida Entre Ríos, Callao y Rivadavia. Las restricciones al avance de la manifestación generaron enfrentamientos puntuales, con al menos cinco personas detenidas y una mujer herida en un local de la zona.
A lo largo de la movilización, los manifestantes hicieron foco en el posible veto presidencial a la ley aprobada en el Congreso que establece un aumento del 7,2% en jubilaciones y pensiones, junto con una suba del bono previsional a $110.000. De promulgarse, la jubilación mínima pasaría a ser de $441.564, una cifra que sigue por debajo de la canasta básica para adultos mayores, pero representa una mejora significativa frente a los actuales $379.294 (incluyendo bono).
Los carteles que se vieron en la manifestación denunciaban el ajuste impulsado por el Gobierno nacional, el vaciamiento del PAMI y el impacto del acuerdo con el FMI en los sectores más vulnerables. Las agrupaciones presentes también repudiaron el accionar policial y el protocolo antipiquetes, asegurando que en jornadas anteriores hubo heridos y detenciones arbitrarias.
A causa de la creciente tensión social y económica, los jubilados insisten en visibilizar su situación, al tiempo que reclaman que el Congreso y el Ejecutivo atiendan de forma urgente sus necesidades básicas. Este miércoles no fue una excepción, sino una muestra más de una demanda persistente por una vejez digna.
Fuente: Infobae
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