La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este lunes una acción ante la Justicia laboral para frenar la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y advirtió que la normativa implica “una afectación grave de derechos colectivos e individuales”. La central obrera sostiene que la ley vulnera garantías constitucionales y tratados internacionales, entre ellos convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y adelantó que continuará con su estrategia judicial y política para impedir su implementación.
Presentación judicial y cuestionamientos constitucionales
La demanda fue presentada con el objetivo de que se declare la inconstitucionalidad de la reforma aprobada por el Congreso. En un comunicado, la CGT calificó la iniciativa como una “mal llamada modernización” y afirmó que representa un retroceso en conquistas históricas del movimiento obrero.
Según la central sindical, la norma vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, afectando derechos como la protección contra el despido arbitrario, el derecho a huelga, la negociación colectiva, la libertad sindical y la seguridad social. También señaló que contradice el principio de progresividad o no regresividad del derecho laboral y el principio protectorio, ambos con sustento constitucional e internacional, como el Pacto de San José de Costa Rica.
El triunviro Cristian Jerónimo aseguró que la reforma tiene un impacto “totalmente regresivo” en la vida de los trabajadores y advirtió: “No estamos dispuestos a ceder nada. Hubo compañeros que dieron su vida por la defensa de los derechos laborales”.
Los puntos centrales de la reforma
Entre los principales cambios que introduce la ley se encuentra una nueva base para las indemnizaciones, que fija un tope basado en el salario promedio registrado y excluye del cálculo conceptos como aguinaldo, vacaciones y premios no habituales.
Además, habilita el pago en cuotas de juicios laborales (hasta seis cuotas para grandes empresas y hasta doce para pymes) y crea un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) obligatorio, con aportes del 1% de la masa salarial para grandes compañías y del 2,5% para pequeñas y medianas empresas. Este fondo se presenta como un esquema alternativo a la indemnización por antigüedad, sujeto a lo pactado en convenios colectivos.
La normativa también establece vacaciones más flexibles, permite el fraccionamiento en períodos de siete días, introduce un banco de horas para compensar extras con francos y limita el derecho a huelga en sectores considerados esenciales, donde deberá garantizarse al menos el 75% del servicio. Para las fuerzas de seguridad, el derecho a huelga queda directamente prohibido. Asimismo, elimina la Ley de Teletrabajo y fija nuevos criterios para licencias por enfermedad.
Respaldo al paro nacional docente
En el marco de una jornada de protestas, la CGT brindó por la tarde una conferencia de prensa para respaldar el paro nacional docente realizado en 16 provincias en reclamo de mejoras salariales. La medida fue impulsada por gremios como la Unión Docentes Argentinos (UDA), cuyo titular, Sergio Romero, denunció que “en los últimos 20 años el salario medio docente nunca estuvo tan bajo como ahora”.
Romero sostuvo que la educación debería ser prioridad en la agenda gubernamental y criticó la falta de propuesta salarial en la paritaria nacional, que pasó a cuarto intermedio tras una reunión de una hora. “Estamos ante un hecho grave”, expresó.
Desde la CGT, Jorge Sola afirmó que la educación es “un tema central” y una herramienta de distribución de riqueza, mientras que Jerónimo garantizó el acompañamiento a futuras medidas de fuerza. “Esta pelea por la dignidad salarial y la justicia social la vamos a volver a ganar como marca nuestra historia”, concluyó.
Fuente: Ámbito
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