La crisis interna del Partido Justicialista en Jujuy sumó un nuevo capítulo en las últimas horas tras las declaraciones públicas de la diputada nacional mandato cumplido y referente de La Cámpora en la provincia, Leila Chaher, quien denunció haber recibido una amenaza por parte de la senadora Carolina Moisés.
El planteo fue realizado a través de redes sociales, en el marco del conflicto desatado por la suspensión de cerca de 300 afiliados del PJ, entre ellos la dirigente sampedreña, el diputado provincial Rubén Armando Rivarola, Verónica Valente y cientos de militantes que participaron por fuera de la estructura partidaria en las últimas elecciones legislativas para cargos nacionales, donde justamente la denunciante no pudo renovar su banca.
En una serie de publicaciones, Chaher afirmó que la advertencia —“no vas a volver a hacer política en Jujuy nunca más”— habría ocurrido en una confitería y apuntó contra Moisés, una de las sancionadas y principal impulsora del recurso de revocatoria presentado ante la Justicia Federal con competencia electoral. Además, la dirigente camporista defendió la intervención del partido, cuestionó el accionar de los sectores suspendidos y los acusó de “judicializar la política” y de haber acompañado iniciativas del gobierno nacional que, según su postura, perjudican al peronismo.
Las declaraciones generaron nuevas reacciones dentro del justicialismo local, profundizando la disputa entre los sectores alineados con la intervención —respaldada por el PJ nacional— y los espacios que denuncian un intento de vaciamiento partidario.
Mientras el conflicto ya se encuentra en el ámbito judicial, la interna continúa trasladándose al plano público, con acusaciones cruzadas que tensan aún más el escenario político del fragmentado peronismo provincial. Los sancionados desde un primer momento afirman que la maniobra de castigo está digitada por Leila Chaher y Guillermo Snopek, con el aval de los interventores Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez quienes se reportan directamente a Cristina Fernández de Kirchner.
Aunque la ex mandataria cumple su prisión domiciliaria desde el inmueble de San José N° 1111, su rol como presidenta del PJ Nacional no ha sido revocada, por tanto tiene la máxima autoridad/responsabilidad de dirimir estas cuestiones. No obstante CFK no se ha pronunciado públicamente sobre el asunto jujeño.
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