Desde que la reforma parcial de la Constitución propuso y dispuso su creación, impulsores contra detractores se vieron enfrascados en una intensa discusión sobre como debía operar el órgano estatal de control por excelencia: respetar los preceptos del histórico y recurrentemente destacado Tribunal de Cuentas o migrar hacia nuevos paradigmas de gestión/control.
De ahora en más y con una Ley Orgánica manufacturada, se resolverá la incógnita. En un acto celebrado ayer en el Teatro Mitre, el gobierno provincial y legisladores presentaron la nueva normativa que redefinirá (o no) el sistema de control externo del Estado.
La ley crea un organismo autónomo con autarquía financiera, encargado de auditar las cuentas públicas de la provincia, municipios, empresas estatales y proveedores de servicios públicos, con obligaciones de transparencia y publicación de sus informes, teóricamente con carácter independiente y inspirado en modelos nacionales modernos.
El acto contó con la presencia del gobernador Carlos Sadir, el vicegobernador Alberto Bernis, autoridades del Superior Tribunal de Justicia, legisladores, miembros de los Ministerios Públicos de la Acusación y Defensa, además de representantes de las distintas sociedades del Estado.
Origen y antecedentes críticos
El nuevo órgano suprimió al viejo Tribunal de Cuentas compuesto por siete auditores, entre ellos un miembro de la oposición, designado por la Legislatura. Sin embargo, ciertas relaciones tensas con el poder Ejecutivo, previa asunción de Sadir como gobernador, pusieron en duda la independencia de uno y otro lado en las distintas vocalías.
La predominante intervención del Ejecutivo en los nombramientos y reformas de estructura generaron críticas. Desde APOC, el sindicato de personal de organismos de control, denunciaron “designaciones a dedo”, ausencia de transparencia y severas deficiencias edilicias que afectan su funcionamiento:
Y más atrás en el tiempo, en noviembre de 2023, durante una sesión sin transmisión pública, la Legislatura aprobó la norma que suplantó al Tribunal de Cuentas. Diputados opositores, como Juan Cardozo y Juan Ortega, denunciaron la falta de debate, carencia de transmisiones oficiales y cuestionaron el alto control del Ejecutivo sobre el organismo.
Pero los tiempos también cambiaron, la gestión del contador Sadir contempla un dialogo que quizás su antecesor ya no tenía durante el conocido fenómeno desgaste del segundo mandato. Resta ver que se cumplan procedimientos internos, controles mensuales y anuales, rendición de cuentas, rendición de subsidios y obligaciones ante supuestos de daño al patrimonio público, ya que para ello fue creado.
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