Después del respaldo obtenido en las urnas, el Gobierno nacional decidió volver a poner en agenda la reforma laboral, una iniciativa que ya se discutía en el Consejo de Mayo y que busca modernizar la legislación del trabajo en Argentina.
El proyecto, presentado por la diputada Romina Diez bajo el título Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, cuenta con el acompañamiento de legisladores de distintos bloques y propone una actualización integral del marco normativo que regula la relación entre empleadores y trabajadores.
Ejes principales del proyecto
La iniciativa introduce cambios sustanciales en la Ley de Contrato de Trabajo, con el objetivo de adaptar las normas laborales a nuevas modalidades de producción y empleo. Entre los puntos más relevantes figuran:
- Ampliación de la jornada laboral y flexibilización de convenios colectivos.
- Pago de indemnizaciones en cuotas, especialmente para pequeñas y medianas empresas.
- Actualización de los beneficios sociales no remunerativos, que abarcan desde la provisión de almuerzos hasta el acceso a internet.
- Emisión electrónica de recibos de sueldo y posibilidad de fragmentar las vacaciones en períodos no menores a una semana.
El texto también redefine el principio de irrenunciabilidad de derechos laborales y amplía las facultades del empleador para modificar ciertas condiciones de trabajo, siempre que no afecten aspectos esenciales del contrato.
Cambios en licencias e incentivos para la creación de empleo
En materia de licencias por enfermedad o accidente, se mantienen los plazos actuales, pero se incorpora un procedimiento oficial de verificación médica a cargo de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano.
Asimismo, se establece que las MiPyMEs podrán abonar indemnizaciones y sentencias laborales en hasta 12 cuotas mensuales, una medida que busca aliviar las cargas sobre el sector.
Uno de los capítulos más destacados es el de incentivos al empleo. El proyecto crea un sistema de bonos de crédito fiscal para empleadores que generen nuevos puestos de trabajo en los primeros 18 meses de vigencia de la ley. El beneficio variará según el tamaño de la empresa, con porcentajes de entre 25% y 100%.
Un debate que vuelve al Congreso
El oficialismo pretende utilizar este proyecto —presentado originalmente a fines de 2024— como base para un nuevo marco legal que, según sus impulsores, favorezca la inversión, el crecimiento del empleo formal y la competitividad del mercado laboral.
La propuesta será debatida en el Congreso en los próximos meses y ya cuenta con el apoyo de diputados como “Bertie” Benegas Lynch, Lilia Lemoine, José Luis Espert, entre otros. Desde la oposición y los sindicatos, en cambio, se anticipan cuestionamientos por la posible pérdida de derechos adquiridos y la mayor flexibilidad laboral que plantea el texto.
Fuente: Infobae
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