Una nueva causa complica a las fuerzas de seguridad provinciales y va escalando entre los titulares de la prensa por su alcance, otro tanto por la información poco precisa o cruzada. Con esa premisa debieron ser los propios agentes fiscales del Ministerio Público de la Acusación, al frente de dicha investigación judicial, quienes salieron a aclarar los tantos.
El fiscal regional Gonzalo Puig y el agente Alejandro Gurrieri, a cargo de la Unidad Fiscal con competencia en narcomenudeo, brindaron una conferencia de prensa en la que revelaron detalles de una investigación en curso relacionada con efectivos policiales implicados en delitos vinculados al tráfico de drogas. La causa se originó hace varios meses y ayer se realizaron allanamientos y detenciones bajo orden del juez competente, tras detectar vínculos entre policías y redes de narcomenudeo.
Puig explicó que la investigación apunta a cuatro uniformados que se encuentran en funciones activas, incluyendo uno que presta servicios en la Brigada de Investigaciones. Señaló que no se trató de una acción contra toda la brigada ni contra todo su personal, sino específicamente contra quienes, según la pesquisa, podrían tener implicancia en actividades ilícitas. En el allanamiento en esa brigada se detuvo al policía que actualmente trabaja allí, así como a otros tres efectivos, incluyendo un subcomisario, un cabo y un principal. Las acciones incluyeron requisas tanto en domicilios como en el lugar de trabajo.
Gurrieri, por su parte, detalló cómo se llegaron a esas medidas. Explicó que se analizaron los teléfonos celulares incautados en operativos anteriores:
Se hallaron conexiones por mensajes entre personas ya imputadas o condenadas por narcomenudeo y números que tras las averiguaciones, resultaron pertenecer a policías de distintas jerarquías
También se solicitaron informes financieros y se tomaron medidas judiciales como intervenciones telefónicas. Al consolidarse esas evidencias, el Ministerio Público solicitó los allanamientos, registros, secuestros de celulares y otros elementos, y detenciones que se ejecutaron simultáneamente en seis domicilios vinculados con los investigados.
Durante el operativo se secuestraron unas 270 dosis de pasta base de cocaína entre envoltorios, una piedra de aproximadamente 60 gramos de la misma sustancia, balanzas de precisión y varios teléfonos móviles. Asimismo se incautaron documentos y elementos que serán peritados para determinar conexiones más precisas con el comercio de droga.
También se anunció que se tramitará una audiencia para la imputación formal y conocimiento de causa de estas cuatro personas, conforme lo establece el Código Procesal Penal. A los policías se los imputa, al menos inicialmente, por delitos de encubrimiento agravado por su rol como funcionarios públicos, cohecho, y en el caso del efectivo del que se hallaron estupefacientes, la tenencia con fines de comercialización agravada. Las penas asociadas a estas figuras podrían variar, siendo para tenencia comercial de estupefacientes con agravantes una de las más graves, con un mínimo legal considerable.
Puig y Gurrieri aclararon que no todos los domicilios allanados corresponden a oficiales en funciones en la Brigada de Investigaciones, sino que algunos son casas de efectivos de Capital, Palpalá y San Pedro. Además, subrayaron que contaron con colaboración de diferentes dependencias policiales provinciales, tales como la Dirección General de Narcotráfico y la Agencia Provincial de Delitos Complejos, quienes participaron en los allanamientos y los procedimientos.
El fiscal regional también advirtió que algunas publicaciones en redes sociales han difundido información incorrecta sobre este caso, y que era necesario aclarar ciertos puntos, como que el allanamiento en la Brigada no implicaba a toda la fuerza, sino solo a los policías directamente investigados.
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