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Santa Ana asumió líneas de emergencia tras la interrupción del servicio de Unión Bus en la capital

El jueves por la tarde los teléfonos y grupos de WhatsApp no paraban de sonar manifestando una mezcla de bronca e incertidumbre entre decenas de usuarios que esperaban por más tiempo de lo habitual (en algunos casos horas) por una uniadad de transporte urbano que simplemente no aparecía.

Fue la empresa Santa Ana S.R.L. la firma que debió poner en marcha un plan de contingencia a partir de este viernes 24 de julio para garantizar la prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros en las líneas 4, 18, 33 y 46 de San Salvador de Jujuy. La medida fue adoptada tras el cese repentino de las operaciones por parte de la Cooperativa de Trabajo Unión Bus Ltda, consecuencia de conflictos laborales/gremiales que no son recientes pero que efectivamente tuvieron un efecto expansivo de mayor alcance en esta ocasión.

La interrupción de la prestación por parte de Unión Bus se enmarca en un extenso historial de conflictos laborales, atrasos en los pagos salariales y serias dificultades financieras dentro de la prestataria. Este escenario de inestabilidad en el sistema de transporte capitalino arrastra además los cuestionamientos surgidos en torno al proceso de licitación pública del servicio, donde la sostenibilidad operativa de las empresas adjudicatarias y las condiciones prestacionales han sido motivo de constante debate entre la comuna, las firmas y los usuarios.

Ante la parálisis de los recorridos afectados, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy solicitó de manera formal la intervención de Santa Ana para cubrir las líneas de forma provisoria. Desde la firma informaron que destinarán parque automotor y personal de su propia flota para sostener el esquema de emergencia. Asimismo, la prestataria advirtió que durante las primeras jornadas podrían registrarse adecuaciones en las frecuencias y horarios habituales mientras se reordena el despliegue operativo en los barrios impactados.

La medida busca brindar una cobertura básica de movilidad a la población afectada mientras las autoridades municipales evalúan las acciones administrativas y legales a seguir respecto a la concesión de las líneas que quedaron sin servicio tras el retiro de la cooperativa.

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