Como un espejo, quizás más quebrado pero de menor escala, de las grandes batallas entre camporistas-vieja guardia-kicilofistas que se dan en el plano nacional, la disputa por la conducción del Partido Justicialista en nuestro distrito sumó un nuevo capítulo judicial y político tras el rechazo dictaminado por la Junta Electoral partidaria contra la Lista N° 2 «Celeste y Blanca», que lleva como candidato a presidente al diputado provincial Rubén Rivarola. Como era de esperarse, las réplicas, chicanas y agravios no tardaron en resonar por fuera del edificio de la Av. 19 de Abril.
En una conferencia de prensa de amplio llamado dirigencial, los referentes del espacio confirmaron la presentación de un recurso de apelación ante el juez federal con competencia electoral, Esteban Hansen, con el objetivo de revertir la resolución que dejó el camino despejado hacia la virtual proclamación de la nómina «Generación Valiente», impulsada por la senadora nacional Carolina Moisés y encabezada por Carlos De Aparici.
El conflicto se desencadenó a partir de la Resolución N° 08/2026 de la Junta Electoral, el órgano partidario que declaró «sustanciales e insubsanables», diversas observaciones en la documentación física y digital del sector damnificado, disponiendo además el remiso de las actuaciones al Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Frente a esta determinación, el apoderado legal de la lista, Facundo Figueroa Caballero, calificó el fallo de «prematuro y jurídicamente improcedente», al argumentar que el cronograma interno prevé etapas formales para subsanar observaciones antes de resolver la no presentación de una nómina (recordemos que las elecciones están pautadas para el próximo 30 de agosto). En ese marco, el letrado objetó la imparcialidad del órgano electoral al señalar presuntos lazos de asesoría y vinculación política de sus integrantes con la senadora Moisés, quien está concentrada por estas horas en otra durísima disputa parlamentaria como es la modificación o no de la Ley de Tierras. No obstante ha tenido tiempo de celebrar y compartir posteos de la lista que recibe su favor, tratando de mantener un perfil bajo sobre el tema y no levantar banderas de victoria antes de tiempo.
La controversia institucional se inscribe en el marco de la prolongada crisis y atomización que atraviesa el peronismo jujeño desde mediados de 2023, período en el que las autoridades nacionales dispusieron la intervención por considerar que se habían menos preciado los preceptos básicos durante el desarrollo de la Convención Constituyente que devino en la última reforma. A lo largo de este proceso, la militancia local ha reclamado de forma recurrente el fin de las decisiones adoptadas por mandatos centralizados desde Buenos Aires y la democratización efectiva de la estructura partidaria de cara a los comicios internos convocados por el segundo interventor Federico Prieto (antes habían sido Fernández y Menéndez).
Durante el contacto con los medios, Rubén Rivarola rechazó la inhabilitación administrativa y defendió el trabajo territorial desplegado por su espacio. «Estamos cansados de que vengan desde afuera a decidir a dedo qué lista va y cuál no. Presentamos más de 10.000 avales reunidos por los compañeros en toda la provincia. Pedimos competir abiertamente y que sea el afiliado el que defina en las urnas, sin resoluciones armadas entre cuatro paredes», aseveró el dirigente, quien a su vez anticipó denuncias por supuestas irregularidades e inconsistencias en la nómina presentada por la lista rival.
Por su parte, referentes del espacio como Pedro Belizán, Juan Giusti y Verónica Valente coincidieron en señalar que la legitimidad de las futuras autoridades del PJ dependerá de la realización de la contienda electoral. Tras la elevación del recurso, la resolución final de la contienda interna queda supeditada al pronunciamiento de la Justicia Federal, que deberá determinar en las próximas horas la validez del reclamo o ratificar el cierre del cronograma con la proclama de la lista oficializada.













Elyse
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