El ex coordinador de Gestión de Urgencias de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Roger Edgar Grant, se convirtió en el primer imputado de la causa por irregularidades en la compra de medicamentos que accedió a responder preguntas ante la Justicia. Durante su declaración, afirmó que actuó siguiendo directivas de su superior, Daniel María Garbellini.
Declaración ante el juez Casanello
Grant compareció el lunes por la tarde ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi en los tribunales de Comodoro Py. La investigación lo ubica como ejecutor de maniobras de corrupción desde su cargo en la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud. Allí, manejaba compras a través del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones con Discapacidad (SIIPFIS), desde donde habría facilitado el direccionamiento de fondos estatales hacia determinadas droguerías.
El imputado insistió en que “lo consultaba todo con Garbellini”, con quien mantiene una relación laboral desde los tiempos en que ambos trabajaban en la obra social OSPSIP.
La causa también vincula a Garbellini con Pablo Atchabahian —detenido y señalado como uno de los “jefes paraestatales” de la ANDIS— y con Miguel Ángel Calvete, que habría tenido injerencia en las decisiones de compra.
Un esquema de compras direccionadas
Según la Fiscalía, Grant conocía de antemano qué empresas cotizarían en cada compulsa y manejaba los tiempos de los procesos de compra. Además, aplicaba instrucciones específicas sobre qué droguerías debían ser habilitadas o excluidas del sistema.
Mientras que en las licitaciones abiertas participaban 15 empresas, en las compulsas “reducidas” solo competían cuatro oferentes con vínculos entre sí y con funcionarios de la Agencia. Esta “fragmentación artificial” se aplicó a compras de medicamentos PACBI (de Alto Costo y Baja Incidencia), esenciales para tratamientos prolongados de beneficiarios del Programa Incluir Salud.
En 21 compulsas realizadas bajo este esquema, Droguería Profarma S.A. y Droguería Génesis S.A. concentraron el 93,11% de las adjudicaciones, por un total de $30.337.220.919,77.
Además, los allanamientos revelaron vínculos directos entre Grant y Calvete: el nombre del funcionario apareció en un cuaderno con la anotación “Roger por precios”, lo que refuerza la hipótesis de coordinación en las maniobras.
Indagatorias en marcha
De las primeras 15 declaraciones ordenadas por Casanello, ya comparecieron Atchabahian, Calvete, Spagnuolo, Garbellini, Lorena Di Giorno y Eduardo “Pino” González, todos ellos negándose a responder preguntas.
Las indagatorias continúan este martes con Luciana Ferrari, ex funcionaria de ANDIS y luego empleada del laboratorio Roche, y Federico Maximiliano Santich, gerente y accionista de Droguería Profarma.
También fueron citados Guadalupe Muñoz, Patricio Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Arnaudo, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Fuentes Acosta, en el marco de una investigación que abarca hechos ocurridos desde 2023 hasta la difusión de los audios de Diego Spagnuolo.
Fuente: Infobae
-
-
-
-
-
-
-
Deja una respuesta