El Gobierno nacional impulsa una profunda reforma del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), que prevé instrumentar a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). La medida apunta a modificar el sistema de gobernanza del organismo para que el Ejecutivo tenga mayor poder de decisión sobre el plan de investigaciones y la distribución de fondos.
Según fuentes oficiales, el proyecto se trabaja desde antes de las elecciones legislativas de octubre, pero fue postergado por las tensiones políticas del período electoral. Ahora, en Casa Rosada aseguran que la decisión está tomada y que la reforma se concretará “en el corto plazo”. “Queremos reordenar los incentivos de las investigaciones”, señalan desde el oficialismo.
Autonomía regional y mayor rol de las universidades
El esquema que evalúa el Gobierno contempla otorgar autonomía regional y centralizar los procesos de investigación en las universidades, con el objetivo de que cada institución defina sus prioridades en función de las necesidades productivas del territorio. “La idea es que cada universidad defina el plan en base a lo que le puede servir a la región”, indicaron fuentes del Ejecutivo.
En la mesa chica presidencial aseguran que el enfoque permitirá orientar la investigación hacia la modernización de la producción, especialmente en provincias con actividad minera o energética. La intención oficial es descentralizar la identificación, selección y priorización de las líneas investigativas. “Lo que buscamos evitar es que en Catamarca se pongan a investigar sobre las fantasías de Batman”, expresaron.
Composición actual y futuras modificaciones
El Conicet cuenta actualmente con 26.781 trabajadores —11.800 investigadores, 10.300 becarios, 2.800 técnicos y 1.400 administrativos— y un presupuesto de $580.000 millones. Está integrado por 17 Centros Científico Tecnológicos (CCT), 7 Centros de Investigaciones y Transferencia (CIT), un Centro de Investigación Multidisciplinario y más de 300 institutos vinculados con universidades.
La conducción del organismo está encabezada por un presidente —Daniel Salamone— y un directorio de ocho miembros, seleccionados mediante ternas elevadas por investigadores, universidades, organizaciones de la industria y consejos provinciales. Los mandatos duran cuatro años y se renuevan parcialmente cada dos.
Si bien el Gobierno dejó en suspenso una reforma estructural que incluía recortes de departamentos, sí busca modificar el proceso de ingreso, privilegiando perfiles técnicos vinculados a energía, minería y salud, y excluyendo a investigadores de ciencias sociales y humanidades.
Fuente: TN
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