El Ministerio de Seguridad confirmó que no aplicará el protocolo antipiquete durante la movilización convocada para esta tarde contra el veto al financiamiento universitario. En cambio, se instalarán vallados en las inmediaciones del Congreso para “evitar contactos entre las fuerzas federales y los manifestantes”.
El operativo será coordinado por el comando unificado de Gendarmería, Policía Federal, Prefectura y Policía Aeroportuaria. Desde Nación remarcaron que los agentes solo intervendrán si los asistentes intentan derribar las vallas. “Que marchen, los vamos a dejar”, expresaron desde el oficialismo, aunque advirtieron: “Se va a avanzar en la misma lógica que en las manifestaciones más concurridas. Vamos a cuidar los bienes del Estado”.
La Marcha Federal Universitaria
La Marcha Federal Universitaria está convocada a las 17 horas en la Plaza del Congreso, en simultáneo con el tratamiento en Diputados del rechazo al veto de la Ley de Financiamiento Universitario y de la Emergencia Pediátrica.
La Casa Rosada sigue de cerca la protesta, aunque sin grandes expectativas sobre el resultado en la Cámara Baja. Para intentar descomprimir el conflicto, el Ejecutivo anunció un aumento de las partidas universitarias en el Presupuesto 2026 a $4,8 billones, además de un incremento del 5% en jubilaciones y del 17% en Salud. Sin embargo, esas medidas no lograron bajar las tensiones.
Apoyo sindical y político a la movilización
La marcha contará con el respaldo de la Confederación General del Trabajo (CGT), además de diversos sectores del Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica, Volvamos Buenos Aires y el Frente de Izquierda (FIT).
El Gobierno insiste en que la protesta tiene un carácter “político” y mantiene la postura de dilatar la aplicación de la erogación presupuestaria en caso de que el Congreso ratifique la ley.
Argumentos del veto presidencial
El veto firmado por el jefe de Estado sostiene que la Ley de Financiamiento Universitario implica un costo de $1,06 billones para el presupuesto de 2025, lo que excede los recursos previstos. El oficialismo fundamenta su decisión en el artículo 38 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que exige que toda norma con nuevos gastos especifique su fuente de financiamiento.
Fuente: TN.
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