En una conferencia de prensa realizada en la sede de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP), los principales referentes del gremio, Nicolás Fernández (secretario general) y Verónica Aramayo (secretaria gremial), expresaron su enérgico rechazo ante una supuesta decisión del Ejecutivo provincial de congelar los haberes de los trabajadores dependientes de la administración pública durante el bimestre en curso. La dirigencia denunció además una grave crisis en el sector profesional del sistema de salud, impulsada por los bajos salarios y el deterioro constante de las condiciones laborales.
“Queremos expresar nuestro rechazo a la intención del Ejecutivo de cerrar las paritarias de manera unilateral, sin ningún tipo de negociación ni comunicación formal. Se han publicado fechas de cobro sin aclarar montos ni emitir circulares correspondientes. A la par, se liquidaría el aguinaldo en base a haberes congelados, lo que evidencia la voluntad de no mejorar los ingresos”, afirmó Fernández.
Según el gremio, la recomposición salarial acumulada al momento es del 11,4%, mientras que la inflación en los primeros cuatro meses del año ya alcanzó el 11,6% y se espera que continúe en ascenso. Esto implica una pérdida real del poder adquisitivo, situación que aseguran “se agravará si se mantiene el congelamiento anunciado”. Fernández también advirtió sobre el uso engañoso de los datos fiscales por parte del Gobierno:
Desde APUAP destacaron que este ajuste no solo afecta a los trabajadores, sino que pone en riesgo a toda la población. “La crisis del recurso humano profesional en salud es alarmante. Hemos perdido 800 cargos en los últimos 10 años. Hoy hay solo 4800 profesionales para una población de 800 mil habitantes. Eso explica las largas colas, los turnos diferidos y las intervenciones quirúrgicas que se demoran hasta nueve meses”, sostuvo Aramayo.
En relación a la situación del sistema de salud, el gremio denunció que el Ministerio del área se niega a recibirlos desde hace más de seis meses, a pesar de reiterados pedidos de audiencia. “Mientras otros gremios se reúnen cada martes con las autoridades, APUAP, que representa a la mayoría de los profesionales de la provincia, es excluido de cualquier espacio de diálogo. Hay un claro encono con nuestro sindicato porque planteamos críticas y propuestas de fondo”, remarcó Aramayo.
La conducción gremial denunció además una serie de irregularidades en la gestión administrativa del sector salud, como la utilización de licencias ordinarias para justificar partes de enfermo, lo que viola el Estatuto del Empleado Público. También hicieron hincapié en la falta de conducción en algunos hospitales, como el caso reciente del Hospital Soria, que permaneció acéfalo durante dos semanas y aún continúa con dirección interina.
Ante este panorama, APUAP anunció un cronograma de asambleas en los lugares de trabajo que se extenderán desde el lunes hasta el jueves próximo y una Asamblea General el viernes 24 de mayo, donde se definirán las medidas de acción a seguir. “Estamos en estado de alerta y movilización. No podemos aceptar más ajustes ni resignar nuestro salario. La comunidad necesita profesionales, y sin condiciones dignas, cada vez más se irán del sistema público”, concluyó Fernández.
Por último, APUAP aseguró que continuará el diálogo con otros gremios estatales para plantear una posición conjunta ante la falta de paritarias y el ajuste impulsado por el gobierno provincial. El sindicato reiteró la necesidad de un plan de recomposición salarial urgente y estructural, que permita detener el éxodo profesional y garantizar el derecho a la salud de la población jujeña.
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